Seis de cada diez diputados y senadores de Brasil son objeto de investigaciones penales por sospechas de corrupción. Buena parte de ellos, enconados con las desprolijidades contables del gobierno de Dilma Rousseff, apoyan las reformas pro mercado de ajustes y privatizaciones que pretende introducir su sucesor, Michel Temer. Son los mismos que reprobaron las medidas de austeridad que alentaba el ministro Joaquim Levy, rara avis monetarista de Chicago en el seno de un gobierno de izquierda. Levy tenía una misión: recortar el gasto público, sobre todo los programas sociales. Renunció a finales de 2015, enfrentado con la entonces presidenta.