El ataque a Juan Carlos Maqueda es muy peligroso para él y para las instituciones democráticas. ¿Quién se tiene que hacer cargo? La responsable de la seguridad del ministro de la Corte Suprema de Justicia y de la tranquilidad de todos los argentinos es la presidenta de la Nación, Cristina Fernández y su flamante ministro de seguridad, Arturo Puricelli más conocido como Sergio Berni.

El ministro de Justicia, Julio Alak más conocido como Julián Alvarez hizo bien en presentar una denuncia para que se investigue a fondo lo ocurrido. Las versiones aseguran que un grupo de militantes oficialistas identificado como de La Cámpora, escrachó, insultó y amenazó al integrante de la Corte en la puerta de su domicilio particular en Retiro. Maqueda, hay que recordar, ayer firmó junto a 5 de sus compañeros la inconstitucionalidad de la ley que habilitaba la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura mediante las boletas de los partidos políticos. Consulté con una fuente cercana al doctor Maqueda y me dijo que una sola persona, fornida, pero una sola, se le acercó y durante 30 metros caminó a su lado para provocarlo: “Soy de La Cámpora, y te estamos vigilando, Maqueda”, le dijo el desconocido que luego se dio a la fuga.

No hay que minimizar el hecho. Es inquietante porque así como le dijo lo que le dijo, le podría haber pegado o algo peor que prefiero ni mencionar. Está claro que el agresor sabía que esa persona era Maqueda y conocía su domicilio particular.

Pero lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Es un eslabón mas de la cadena de aprietes y amenazas que viene sufriendo la justicia en general y la Corte Suprema en particular. Hay hechos que por su grosería quedaron grabados en la memoria. Por ejemplo, la jefa espiritual del cristinismo, Hebe de Bonafini insultando a los integrantes del máximo tribunal y amenazando con tomar el Palacio de Justicia. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina caracterizando a una cámara y su fallo como “una mierda”. La propia presidenta Cristina tuiteando que hay una cámara en lo Clarín y lo Rural y discriminando al doctor Carlos Fayt, otro miembro de la corte, al calificarlo en forma burlona, como “casi centenario”. Ese clima bélico fue creado desde el corazón del Poder Ejecutivo y del cristinismo. Ese nivel de agresión verbal que habilita a cualquiera que quiera hacer justicia por mano propia fue fogoneado desde la militancia K al hablar de “justicia corporativa, dictadura de los jueces, predemocráticos” y al compararlos con el odio político del primer y segundo gobierno de Juan Perón.

Si es cierto que ese energúmeno que dice vigilar a Maqueda pertenece a La Cámpora, el gobierno debería pedir perdón porque se sabe que es una agrupación que solo acata órdenes de Cristina, mientras su hijo Máximo, fatiga la play station. Pero si es un loquito suelto que no tiene militancia, también es una luz roja de alerta porque significa que alguien se dejó llevar por la siembra de vientos y quiso cosechar las tempestades.

Estamos hablando de un episodio que debe ser investigado, esclarecido y castigado lo antes posible. Nadie puede intimidad a nadie en democracia. Y mucho menos si la víctima es un juez de la Corte que tuvo que fallar en algo tan delicado como la reforma de la justicia y que tiene en carpeta la Ley de Medios y tal vez alguna movida para aumentar por ley los integrantes del Consejo de la Magistratura para lograr la mayoría necesaria para destituir jueces independientes y designar jueces militantes.

El fallo de la Corte Suprema fue un tiro para el lado de la justicia y defiende algo tan obvio como la división de poderes. Hay que festejar que no hayamos herido las instituciones y eso es una muestra de la magnitud del retroceso generado por la prepotencia de un estado que va por todo y una presidenta que quiere ser eterna. Pero hay que levantar la guardia y poner el grito en el cielo por el ataque al doctor Juan Carlos Maqueda. El que ataca a cualquier ciudadano por sus opiniones rompe la paz social. Pero el que amenaza a un juez de la Corte supera todos los límites. La democracia no puede permitirlo.