Le pido que escuche con atención. Es increíble que a casi 30 años de recuperada la democracia, la Gendarmería cometa el delito de hacer espionaje interno, algo que está absolutamente prohibido por las leyes de Defensa e Inteligencia. Lo confesó ante la justicia el propio comandante de esa fuerza, Héctor Schenone.
 
Reconoció que hay un programa secreto especial llamado “Proyecto X” que utiliza personal de civil, que infiltra las marchas de protestas, que filman los reclamos disfrazados de periodistas, que hace seguimientos y evaluaciones de los dirigentes sindicales y sociales y que investiga aspectos de la vida privada y económica de cuadros opositores.
 
No me extrañaría que pinchen los teléfonos porque las víctimas de ese accionar represivo repudiable aseguran que son vigilados hasta en sus propios domicilios particulares. ¿En que país estamos? ¿Retrocedimos en el tiempo hacia las peores prácticas de la dictadura? La propia CGT con la firma de Hugo Moyano y su secretario de Derechos Humanos, Julio Piumatto se preguntó si algo estaba cambiando en la Argentina respecto del tratamiento que reciben los conflictos por parte del gobierno nacional.
 
Ese documento repudió la represión a los soldados en la avenida Nueve de Julio, los palazos que recibieron los camioneros en Chubut y el castigo contra el pueblo de Catamarca. Todavía no se conocía esta barbaridad a la que yo estoy haciendo referencia. Que la gendarmería hace inteligencia interna. Que se mimetizó con los obreros de Kraft y que violó la ley. Los referentes de la izquierda mas combativa y los delegados descubrieron indignados estas prácticas nefastas y en el juicio que se les sigue por los cortes de ruta, el jefe de los gendarmes aportó esta información escandalosa que está corriendo como un reguero de pólvora por todas las redes sociales y que despierta el repudio de muchos, no de todos, los organismos de derechos humanos.

Es que la lupa por la responsabilidad política apunta hacia la ministra Nilda Garré. Hoy a cargo de la seguridad y en su momento responsable del ministerio de Defensa. Es difícil creer que la Gendarmería recurra a esta metodología nefasta y peligrosa sin la autorización de sus superiores. Hoy todo se torna mas preocupante porque está vigente una ley antiterrorista tan confusa y laxa que puede servir para acusar a los luchadores sociales.

Una pregunta al paso: ¿Qué hace la Gendarmería en medio de las fábricas? Su responsabilidad es cuidar las fronteras del enemigo externo y no vigilar las fronteras ideológicas. En lugar de estar en los límites de la Argentina combatiendo el contrabando que es mucho y el narcotráfico que es feroz, andan por las ciudades garantizando el orden interno. No quiero ser hipócrita y reconozco que ante la emergencia de la inseguridad es bueno y ayuda la presencia y la logística de una fuerza que no tiene grandes sospechas de corrupción. Pero hacer inteligencia con la izquierda, infiltrarse en las protestas sociales y hacer listas negras es un atentado contra la democracia y la libertad. Asi fue en su momento cuando se descubrió que el almirante Jorge Godoy hacia espionaje y escuchas telefónicas de distintos dirigentes políticos, incluso de la propia Nilda Garré.

Godoy pagó semejante salvajada. Fue procesado por la justicia y tuvo que dejar el cargo. ¿Pasará lo mismo con Schenone? ¿O si se espía a la doctora Garré esta mal y si se espia a Javier Hermosilla, Miryam Bregman, Vilma Ripoll y Nestor Pitrola está bien? A propósito, ¿Qué hubiera dicho Carta Abierta o La Cámpora si se descubrá que la Policía Metropolitana hacía espionaje con los políticos opositores? Se hubiera armado un revuelo coherente con semejante escándalo. Ya hubo algo parecido en su momento con las escuchas que se llevaron puesto a dos comisarios y que provocaron el procesamiento de Mauricio Macri por parte del juez Norberto Oyarbide.

¿Terminará el gendarme Schenone fuera de la fuerza? ¿Citará la justicia a la ministra Garré para que de explicaciones? ¿Esta es la seguridad democrática y progresista que se proclama? ¿Algo está cambiando? ¿Cómo es posible que Andalgalá este sitiada y la policía custodie a los patoteros que no dejan entrar periodistas ni opositores a la mega minería.¿ Repito: ¿En que país estamos? ¿No era que no se iba a criminalizar la protesta? ¿Algo está cambiando?