Cuando Donald Trump dio luz verde a la aplicación del título III de la ley Helms-Burton contra Cuba supo que el tiro iba a dar en la frente de Venezuela y de Nicaragua, sostenes del régimen comunista, más allá de los reclamos de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Japón, Rusia y China por las compañías que operan en la isla. Era parte del plan contra la "troika de la tiranía", como la definió John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, antes de que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, liberara con militares disidentes a Leopoldo López, el preso político que lidera Voluntad Popular, su partido, y recobrara bríos contra el régimen de Nicolás Maduro.