Dos años después de la crisis desatada por la expropiación del 51 por ciento de YPF, la relación bilateral entre la Argentina y España vuelve a encarrilarse. Era hora. El nuevo embajador de España en la Argentina, Estanislao de Grandes, escogió el mejor ámbito para anunciar una alianza de asociación estratégica entre ambos gobiernos. Fue en la recepción de bienvenida que le ofreció la Cámara Española de Comercio en la República Argentina (Cecra), presidida por Guillermo Ambrogi. Tres días antes, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se había mostrado exultante por el éxito del acuerdo de expropiación alcanzado con la Argentina.
Brufau tocó la campana en el Palacio de Bolsa de Madrid con motivo de los 25 años de cotización bursátil de la compañía en esa plaza y en Nueva York mientras el embajador De Grandes, alentado por la inminente visita a la Argentina del presidente Mariano Rajoy, transmitía a las empresas españolas radicadas en el país el primer signo de tranquilidad tras la nacionalización de YPF, teñida de epopeya por el gobierno argentino. Lejos quedaron los días en que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, infería que la Argentina se había "dado un tiro en el pie" por esa decisión, fundamentada en la falta de inversión de Repsol.
Desde los noventa, cuando la Argentina privatizó servicios a cargo del Estado, la imagen de España estuvo sujeta a las compañías concesionarias. En 2005, los presidentes Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez Zapatero también se propusieron una alianza de asociación estratégica. En 2008 hubo cortocircuitos. Los provocó la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, administrada por Marsans. En su discurso, Ambrogi destacó la decisión de las empresas españolas de permanecer en el país "pese a las circunstancias más difíciles", incluida la crisis de 2001. De Grandes ponderó la gestión de sus antecesores, Román Oyarzun y Rafael Estrella.
Por otro carril, vinculado con los derechos humanos, la justicia argentina ha avanzado en estos años más que la española en la investigación de los crímenes del franquismo, prácticamente sepultada donde se produjeron. Esto, más allá del exilio de Perón en Madrid con la venia de Franco y de la filiación peronista de la presidenta Cristina Kirchner. A su vez, el juez Baltasar Garzón reside temporalmente en la Argentina en días aciagos para su carrera en España. Y, por si fuera poco, muchos españoles agobiados por el desempleo han emigrado a la Argentina: 18.000en 2013. Todas son señales políticas que influyen en una relación bilateral marcada por el pulso económico.
La expropiación de la mayoría accionaria de YPF, refrendada por el Congreso, tocó la fibra íntima de los argentinos por tratarse de algo así como la recuperación de la soberanía. De ahí el aprovechamiento político que le dio el gobierno de Cristina Kirchner, llevado al extremo de una reafirmación nacionalista a un costo que, al final del camino, satisfizo a ambas partes en conflicto: 5.000 millones de dólares para Repsol. La “solución amigable”, después de varias idas y venidas no exentas de sobreactuaciones, lleva ahora a pasar página a ambos gobiernos, a menudo propensos a no entenderse aunque hablen el mismo idioma.