Sin mediar palabra, dos personas ingresaron en los estudios de Radio Liberdade FM, en el municipio de Camocim, Ceará, al noreste de Brasil, y ejecutaron a balazos al conductor de uno de sus programas, Gleydson Carvalho, el jueves 6 de agosto de 2015. Se habían hecho pasar por anunciantes. El periodista, apodado Amigão (Amigo), murió camino al hospital. Había recibido amenazas por sus denuncias contra la corrupción. No se trató de un hecho aislado. Ocurrió en un país cuyo gobierno, sus políticos y su establishment tambalean por la crisis de Petrobras y las derivaciones de la operación Lava Jato (Lavado de Auto).
La absurda muerte de Carvalho lejos estuvo de los enjuagues de Brasilia, donde la presidenta Dilma Rousseff debió deshacerse de varios de sus colaboradores por sospechas de corrupción y enfrenta los coletazos del llamado mensalão (mensualidad), traducido en sobornos a los diputados de partidos afines para que votaran proyectos del gobierno de su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.
En mayo, tres meses antes del crimen de Carvalho, Djalma Santos da Conceição, reportero de la radio comunitaria RCA FM, de Conceição da Feira, Bahía, también murió en forma violenta después de recibir amenazas. Estaba investigando el asesinato de una muchacha. Tal era la magnitud de las amenazas que usaba chaleco antibalas, algo inusual en un periodista fuera de una zona de conflicto.
Ese mismo mes, en Minas Gerais, fue asesinado Evany José Metzker. En su blog, Coruja do Vale (Lechuza del Valle), publicaba denuncias de corrupción. Lo decapitaron. Poco antes, en marzo, dos hombres tirotearon al periodista radiofónico Gerardo Ceferino Servian Coronel en Ponta Porã, pequeña ciudad en la frontera de Brasil con Paraguay, país tristemente célebre, también, por la impunidad en los crímenes de periodistas desde el brutal asesinato de Santiago Leguizamón, el 26 de abril de 1991, Día del Periodista Paraguayo.
Entre enero de 2000 y diciembre de 2014, 38 periodistas murieron en Brasil mientras investigaban al crimen organizado en casos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos, según el recuento de Reporteros sin Fronteras (RSF). En México, el país más peligroso de América latina, seguido por Colombia, en menos de una semana mataron en junio a tres periodistas: Gerardo Nieto Alvarez, director de la publicación El Tábano, en Comonfort, Guanajuato; Filadelfo Sánchez Sarmiento, conductor del noticiero de la radio de Miahuatlán, Oaxaca, y Juan Mendoza Delgado, director de una web informativa en Medellín de Bravo, Veracruz.
Han sido ocho sólo en 2015, 88 desde 2000, impunes en su mayoría. La última víctima en México, a finales de julio, resultó ser Rubén Espinosa, fotorreportero de AVC Noticias (medio de comunicación de Veracruz), de la revista Proceso y de la agencia fotográfica Cuarto Oscuro. Hallaron su cadáver junto a los de cuatro mujeres que tenían signos de abusos sexuales en la ciudad de México, donde se había establecido luego de huir de Veracruz, el Estado más peligroso para ejercer el periodismo. Había dicho en una entrevista un mes antes del desenlace: “No confío en el Gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí”.
¿Quién no? Tanto el mexicano Espinosa y el brasileño Carvalho como los otros colegas tuvieron en común la desgracia de haber sido asesinados mientras ejercían en tiempo completo o parcial algo más que una profesión o un oficio: la vocación por el periodismo en situaciones de riesgo. Eran testigos de realidades incómodas para sus virtuales agresores, con herramientas ajenas a otras profesiones y oficios, como la pasión y el coraje, en ambientes sumamente hostiles, tapizados por la corrupción y su principal socio, el silencio, así como por una creciente desconfianza en las instituciones.
La impunidad en México, Brasil y otros confines de la región es directamente proporcional a la ineficacia o la pereza, si no a la complicidad, de las autoridades en investigar y resolver estos crímenes, a menudo repudiada por RSF, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otras organizaciones afines. El asesinato de un periodista por el ejercicio de su trabajo es la agonía lenta del tesoro más preciado de una sociedad: la búsqueda de verdad, inhibida por la autocensura. Siempre habrá quien ose decir que la culpa es de nosotros mismos por meternos donde no debemos o por mantener tratos espurios con el hampa. No caben las generalizaciones ni los prejuicios cuando la muerte se codea con el peor enemigo de todos: el silencio.
 
Twitter @JorgeEliasInter y @elinterin
Facebook Jorge Elias
Suscríbase a El Ínterin