Donald Trump soslayó un aniversario. El del 9 de noviembre, el número 29 de la caída del Muro de Berlín. Ese día, el presidente de Estados Unidos anunció que vedaba los pedidos de asilo de inmigrantes indocumentados. Dos semanas después, un juez federal de San Francisco, Jon Tigar, bloqueó en forma temporal esa directiva, dirigida a la caravana de centroamericanos que intenta ingresar en el país. La pelea pasó a mayores. Trump se enzarzó con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ofendido por la sospecha sobre jueces afines a expresidentes. En especial, según Trump, a Barack Obama y a Bill Clinton.

“No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton”, se despachó Roberts, nominado en 2005 por George W. Bush, en una discusión pública tan inusual y bochornosa como las dudas de Trump sobre la independencia de los poderes. Tan inusual y bochornosa, tal vez, como la designación para la Corte del juez Brett Kavanaugh, alentada por Trump en medio de una controversia mayúscula por las denuncias de acoso sexual contra él.

En esas arenas se dirime otra cuestión. La de los 7.000 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, carne de cañón durante las elecciones de medio término de Estados Unidos. Trump ordenó el despliegue de fuerzas militares en la frontera como si se tratara de una emergencia nacional. De una invasión, según sus palabras. El despliegue previsto, de hasta 15.000 soldados, equipara la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán. ¿El costo estimado? Doscientos millones de dólares en momentos en que Trump pretende recortar los gastos del Pentágono.

Los supuestos talibanes huyen del Triángulo Norte de América Central, azotado por la violencia, la pobreza, la corrupción y las inundaciones. La caravana partió el 12 de octubre de Honduras. En México, después de sortear a las fuerzas de seguridad, se encontró con sentimientos encontrados: la solidaridad y el rechazo. Trump dejó entrever que “hay muchos miembros de pandillas y gente muy mala mezclada en la caravana”. El alcalde de la ciudad mexicana de Tijuana, Manuel Gastélum, a tiro de piedra de la frontera, se refirió a ellos como una “horda” de “marihuanos” a sabiendas de que los defensores de los derechos humanos “se me van a venir encima”.

La ley migratoria de Estados Unidos permite solicitar asilo a cualquier extranjero que haya entrado en forma legal o no. El presidente no puede reescribirla, según el juez Tigar. Trump aplica con los centroamericanos la misma vara que utilizó en enero de 2017 para cerrarles el paso a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. En ese caso, la Corte consideró legal el veto migratorio por motivos de seguridad nacional, pero, a su vez, la justicia de primera instancia y de apelaciones derogó su decisión de deportar a los dreamers (soñadores), indocumentados que arribaron siendo niños a Estados Unidos.

Bush y Obama, antecesores de Trump, autorizaron el despliegue frente a México de la Guardia Nacional, que depende de cada Estado, en 2006 y 2010 por el repunte de inmigrantes ilegales y del tráfico de drogas. En la última campaña, Trump atizó su discurso contra la inmigración como en las presidenciales de 2016, cuando prometió un muro para repeler a "violadores y criminales". El envío de soldados supone la militarización de la frontera frente a un enemigo externo, por más que, según la Patrulla Fronteriza, el intento de trasponer la línea haya caído a los niveles de 1971. Aún existía en Berlín el Muro de la Vergüenza.

Jorge Elías

Twitter: @JorgeEliasInter | @Elinterin
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