Muchas veces la política se pierde en una selva de abstracciones, de especulaciones sociológicas y estratégicas cargadas de palabras esdrújulas y vacía de contenido real.

Otras veces los políticos que más llegan al corazón de la gente son los que actúan con sentido común que es el mas común de los sentidos. Racionalidad, responsabilidad y la resolución de problemas concretos son conceptos que no son de derecha ni de izquierda y suelen ser la mayor de demanda de gran parte de la sociedad.

La Corte Suprema de Justicia actuó de esa manera. Tuvo sensatez para afrontar un tema que parecía congelado en la injusticia como es la ocupación de los departamentos de Villa Soldati. La situación estaba empantanada. Ni el gobierno nacional ni el de la ciudad estaban dispuestos a cumplir con la ley. Ambos tenían miedo de tener que pagar un fuerte costo político frente a un posible desborde o resistencia de los intrusos. La Corte Suprema habitualmente elogiada y valorada por su gran nivel académico y por su transparencia aportó además sentido común. Citó a los ministra de Seguridad, Nilda Garre y a su par de la Ciudad, Guillermo Montenegro y les ordenó trabajar mancomunadamente. Es sencilla y muy eficiente la decisión de la Corte. Que ambos gobiernos cumplan la ley. Que lo hagan en forma solidaria y complementaria y dejen de ladrarse.

La policía Metropolitana deberá desalojar a los intrusos y la Federal o la Gendarmería tendrá que hacer el cerco perimetral para evitar agresiones o nuevos intrusos. Equitativo, ecuánime y, sobre todo, eficiente. Sin sanata ideológica ni vueltas complejas. Y encima, para evitar los problemas que se pudieran generar con una posible represión violenta y para evitar que alguien salga lastimado se ordena desalojar a los ocupantes en forma obligatoria. Así dice el texto. No dice que deben ejercer el poder de policía del estado o todo el peso de la ley. Apelan a un lenguaje mucho más pacífico pero que no deja dudas. Deben desalojar obligatoriamente a los intrusos. Porque es obligatorio respetar la ley y hacer respetar la ley. Sobre esta base, ley y sentido común, podemos construir una sociedad mejor, más inclusiva, más desarrollada y menos salvaje.

La presidenta de la Nación también tuvo ayer una reflexión de sentido común sobre lo que pasó con los trenes del Ferrocarril Sarmiento. Cristina dijo que los argentinos debemos cuidar lo que es de todos. Y que seguramente los que incendiaron los 14 vagones no son pasajeros enojados. Porque los únicos perjudicados por la falta de vagones son precisamente los trabajadores que viajan todos los días. La presidenta dijo que fue una acción organizada y premeditada, que los vagones fueron quemados por gente que se organizó con ese fin. Hasta ahí estamos de acuerdo. Falta la segunda parte. Falta que el gobierno diga con toda seriedad quienes fueron y porque lo hicieron. Quemar 14 vagones en forma casi simultánea en tres estaciones requiere una organización, una logística y una inteligencia muy especial. No cualquiera lo puede hacer.
 
Es un peligro latente muy grande si algún grupo tiene esa capacidad de daño. Por eso el estado debería informar como está la investigación. ¿A quienes apuntan? Porque todo lo que el estado dijo fue una acusación absurda a Pino Solanas en un gesto de irresponsabilidad reiterado del jefe de gabinete. Si fueron militantes de Pino Solanas como dijo Aníbal Fernández, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad ya debería estar preso. Y si no fue como dice el sentido común, la ministra Garré debería pedirle disculpas y denunciar y perseguir a los verdaderos responsables de semejante salvajada. El sentido común siempre es bienvenido. Sobre todo cuando viene del gobierno.