El Estado investigará “si es verdad que los productores no reciben el precio pleno por el trigo”
La Mañana / “Iremos a los molinos, a las exportadoras, a corredores, a acopiadores, todos aquellos que están en la cadena”, anticipó el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, y destacó que esto “va a permitir realmente mostrar adónde está el problema” y reflejar “quién se está quedando con un margen que no es el que le corresponde”.
Al Gobierno le parece “extraño” el nuevo lock out agropecuario.
La Mesa de Enlace lleva a cabo esta semana un “cese de comercialización de trigo” en protesta porque, aduce la patronal agropecuaria, a muchos pequeños y medianos productores no se les paga el FAS pleno por ese grano.
Desde el Gobierno sospechan, debido a la falta de denuncias por esta maniobra ilegal, que se está vendiendo trigo en negro para evadir las retenciones y otros gravámenes, lo que permite a las cerealeras exportadoras comprar a precios menores.
Por Continental, el subsecretario de Agricultura de la Nación enfatizó que “el mayor perjudicado con esta protesta es el productor”.
Oscar Solís se comprometió a “investigar si es verdad que los productores de trigo no reciben el precio pleno por la venta de sus cosechas”.
En La Mañana ratificó que “las denuncias al respecto fueron pocas” y enfatizó que el Estado nacional iniciará “controles sobre los molineros y los exportadores” para determinar posibles irregularidades.
Los controles se realizarán a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
“Lo que nosotros estamos planificando es que vamos a generar un operativo de control para poner blanco sobre negro dónde está el problema”, explicó.
Y se mostró sorprendido de que, cuando el reclamo ruralista pasaba porque no podían vender el trigo, la protesta contra ello sea un cese de ventas de trigo, después, además, de que se liberaran un total de siete millones de toneladas para exportación.
“Iremos a los molinos, a las exportadoras, a corredores, a acopiadores, todos aquellos que están en la cadena”, comentó Solís, y destacó que ese control “va a permitir realmente mostrar adónde está el problema” y reflejar “quién se está quedando con un margen que no es el que le corresponde”.
"Catorce millones de toneladas es oferta total que habría. Siete millones es lo que el Gobierno define para el consumo local. La dirigencia agropecuaria dice que alcanzaría con menos, lo que es verdad si sólo pensamos en el pan, pero nosotros pensamos en los distintos tipos de harinas que consumen los argentinos, sea para fideos, repostería, etcétera. También está incluido un millón doscientas, un millón trescientas mil toneladas destinadas a exportación con cierto valor agregado con destino mayormente a Brasil", reseñó en La Mañana.
Y añadió que "el año pasado se destinaron aproximadamente seis millones cuatrocientas mil toneladas al consumo interno. El plus hasta los siete millones está dado porque hay que guardar grano para la próxima campaña de siembra y otros usos", concluyó Solís.