En un mundo en el cual la informalidad representa más del 70 por ciento del empleo y un tercio del Producto Bruto Interno (PBI) de los países emergentes, Islandia se apunta un éxito relativo. El de la reducción de la jornada de trabajo. De trabajo formal. Un experimento realizado entre 2015 y 2019 en el ayuntamiento de la capital, Reikiavik, y en el gobierno nacional sin disminución del salario.

En una isla de poco más de 350.000 habitantes, nueve veces menos que la ciudad de Buenos Aires, el ensayo tuvo su lógica: acortar el trabajo a cuatro días por semana para repartirlo entre los trabajadores disponibles.

La tasa de desempleo de Islandia, de todos modos, alcanza el 7,3 por ciento. Los participantes del estudio del laboratorio de ideas británico Autonomy y de la Asociación Islandesa por una Democracia Sostenible, algo así como el uno por ciento de la población económicamente activa, pasaron de una semana de 40 horas de trabajo a una de 35 o 36.

Entre 2019 y 2021, el 86 por ciento de los trabajadores islandeses se acogió a ese régimen con un notable beneficio en los indicadores de bienestar y productividad.

Los sindicatos comenzaron a negociar salarios con la jornada reducida.

En 2022, por los estragos de la crisis sanitaria, la falta de empleo afectará a 205 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Seis de cada 10 personas recurren al trabajo temporal e informal, changa en Argentina, tempora en México, rebusque o tigre en Venezuela, como medio de vida, según la ONU. Dato que ratifica el estudio The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies (La larga sombra de la informalidad: desafíos y políticas), el primer análisis sobre la materia del Banco Mundial. En especial, en los países emergentes.

“El término futuro del trabajo aparece definido reiteradamente a partir de la crisis económico-financiera de 2008, y lleva aproximadamente una década al tope de la agenda en los organismos internacionales y las líneas de investigación de los gobiernos nacionales”, dice un informe de la Fundación Embajada Abierta.

Sobre un escenario apenas advertido, la Cuarta Revolución Industrial, penden tres amenazas en América latina: la desigualdad, la falta de capital y la baja integración económica regional. La “creciente demanda de empleos de perfil digitalizado” se ve reforzada por “la velocidad de la automatización en las economías centrales”, agrega.

El presidente de Colombia promulgó una ley por la cual habilita la reducción del trabajo semanal de 48 horas a 42 sin disminución del salario

La necesidad de crear puestos de trabajo no sólo tiene que ver con la pandemia. En sociedades envejecidas, como la japonesa, prima la disciplina al extremo del karoshi o muerte por exceso de trabajo que choca contra la realidad. El gobierno evalúa una drástica reducción de las jornadas de trabajo de hasta 100 horas por semana a 35 o 36, como en Islandia.

Algo inusitado en la cultura de Japón: trabajar cuatro días por semana, de modo de alentar el ocio para aumentar el consumo y, sobre todo, la decreciente tasa de natalidad.

Ensayos similares están en danza en España, Nueva Zelanda, Finlandia y el Reino Unido.

¿Cuál es el rédito para las empresas? Microsoft, sucursal Japón, logró con fines de semana temporales de tres días un aumento del 40 por ciento de la productividad y una fuerte reducción del consumo de electricidad.

El teletrabajo, en auge por la crisis sanitaria, también alienta el cambio frente a una oferta laboral que, en el caso de Japón, se ve perjudicada por la falta de jóvenes. En otros confines, a raíz de la informalidad, los jóvenes y las mujeres no encuentran hueco en el empleo formal. “Los recursos públicos para combatir las recesiones profundas y apoyar la recuperación posterior son más limitados”, dice el Banco Mundial.

El presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó una ley por la cual habilita la reducción del trabajo semanal de 48 horas a 42 sin disminución del salario. El proyecto había sido presentado en el Congreso por el exsenador y expresidente Álvaro Uribe, su mentor.

La medida no tuvo la acogida deseada entre los empresarios, preocupados por tanto por la pandemia como por el malestar social desde 2019 agravado, dos años después, por los cortes, los bloqueos y la militarización del espacio público.

Como en otros países, las estadísticas cantan, pero la coyuntura manda.

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