Acusan al alcalde de Iguala y a su esposa de ser autores intelectuales de la represión estudiantil
José Luis Abarca pidió licencia del cargo y se encuentra prófugo, como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de dos operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
La procuraduría general de México estableció como probable móvil de la desaparición de los 43 estudiantes, una orden de Abarca a la policía para que, en alianza con criminales, impidieran que los jóvenes obstaculizaran un acto de su esposa.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo en una rueda de prensa que el alcalde fue quien dio la orden de atacar a los estudiantes para evitar que intervinieran en un evento que estaba celebrando esa noche su esposa como presidenta del organismo defensor de la familia en Iguala.
El acalde pidió licencia del cargo y se encuentra prófugo, como su esposa, Pineda Villa, que es hermana de dos operadores del cártel de los Beltrán Leyva, del que se escindieron varias organizaciones rivales entre sí, como Los Rojos y Guerreros Unidos.
Gracias a la detención del líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, la semana pasada, se pasó de varias líneas de investigación a una sola, que está relacionada con la red de complicidad que había tejido esta organización con el alcalde, su esposa y la policía, señaló el fiscal general.
"Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos señaló a la señora Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal", en complicidad con su esposo y el secretario de Seguridad Pública, dijo Murillo Karam.
Esa organización criminal recibía del alcalde dinero de manera regular y destinaba una parte al control de la policía local, además de que decidía los nuevos ingresos de agentes municipales.
El funcionario judicial también indicó que hay órdenes de aprehensión contra el alcalde, su esposa y el secretario de Seguridad Pública de Iguala, como probables autores intelectuales del hecho.
La desaparición de los jóvenes, alumnos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa del sureño estado de Guerrero, ocurrió el 26 de septiembre después de que se apoderaron de autobuses en la cercana ciudad de Iguala para concurrir a la capital mexicana a la conmemoración de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
Murillo Karam indicó que cuando los estudiantes llegaron a Iguala, criminales del grupo Guerreros Unidos y policías reportaron su llegada al centro de control policial.
Según el testimonio de personas detenidas, la orden de frenar su llegada fue dada por una persona mencionada como A5, "clave que se utilizaba para identificar al alcalde de Iguala".
"Asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por Pineda Villa, con motivo de su informe de actividad (como titular del DIF, el organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia)", indicó el fiscal general citado por la agencia DPA.
En julio de 2013 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa habían participado en una agresión a instalaciones de la alcaldía de Iguala y este sería el antecedente por el cual se ordenó a la policía "reaccionar", con el brutal resultado de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Murillo Karam informó, además, que se han encontrado otros dos cadáveres con lo que suman 30 los cuerpos hallados en fosas clandestinas e indicó que están a la espera de nuevos estudios forenses para determinar si se trata de los estudiantes.
Los estudios están a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense y los resultados de los mismos sólo serán difundidos por las autoridades mexicanas, según averiguó Télam.
Por otra parte, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo, dijo que la muerte de un estudiante de esa casa de estudios en la ciudad mexicana de Guanajuato a manos de la policía confirma a los ciudadanos el patrón de inseguridad cuando están bajo control de esos uniformados.
"Son hechos muy lamentables, pero que vuelven a configurar el patrón de que el ciudadano en manos de la Policía es donde más inseguro está, donde más incierto es su paradero", dijo Bravo en una entrevista con la emisora MVS.
Ricardo de Jesús Esparza, de 23 años y estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos de la UdeG, fue hallado muerto el domingo en Guanajuato, capital del estado homónimo, un día después de ser detenido por policías municipales.
Según el representante estudiantil de la UdeG Alberto Galarza, el joven y dos acompañantes fueron sometidos a una revisión por parte de dos policías, quienes se llevaron sólo a Esparza debido a que "no les gustó su actitud", y después de eso "no se volvió a saber de él".