Arizona usa una ley de 1864 para prohibir el aborto
Seis de cada diez votantes de Arizona en las elecciones intermedias de 2022 expresaron estar a favor de garantizar el acceso al aborto legal en todo el país. Planned Parenthood ha prometido seguir practicando abortos durante el breve periodo en que aún son legales en el estado, y reforzará las redes para ayudar a las mujeres a viajar fuera de Arizona para acceder a este procedimiento médico.
Arizona se unirá a otros 14 estados que han prohibido el aborto en todas las etapas del embarazo, tras un fallo de la Corte Suprema estatal que permite la implementación de una ley de 1864 que penaliza todos los abortos, excepto en casos donde la vida de la mujer esté en riesgo. La implementación de esta ley comenzará en al menos dos semanas y no contempla excepciones en casos de violación o incesto.
Se estima que el número de abortos en Arizona disminuirá significativamente, de alrededor de 1.100 mensuales a casi cero, siguiendo la tendencia observada en otros estados con prohibiciones similares. La senadora estatal Eva Burch, quien criticó a los legisladores republicanos que respaldaron la prohibición, ha llamado a una campaña de peticiones para incluir el tema en la boleta electoral este otoño.
Según AP VoteCast, seis de cada 10 votantes de Arizona en las elecciones intermedias de 2022 expresaron estar a favor de garantizar el acceso al aborto legal en todo el país. Planned Parenthood ha prometido seguir practicando abortos durante el breve periodo en que aún son legales en el estado, y reforzará las redes para ayudar a las mujeres a viajar fuera de Arizona para acceder a este procedimiento médico.
El fallo de la Corte Suprema ha generado opiniones encontradas en la población. Por un lado, defensores de los derechos reproductivos expresan preocupación por las posibles repercusiones, como el aumento de abortos clandestinos y riesgos para la salud de las mujeres. Por otro lado, grupos antiabortistas han respaldado la decisión de la Corte Suprema, argumentando la protección de la vida humana.
La sentencia implica que los médicos pueden enfrentar consecuencias legales por realizar un aborto, con penas de prisión de dos a cinco años para aquellos que lo lleven a cabo. Esta situación plantea desafíos éticos y legales para los profesionales de la salud, como el temor a tomar decisiones clínicas basadas en consideraciones legales en lugar de en el bienestar de las pacientes.
Desde que la Corte Suprema federal revocó el fallo del caso de Roe contra Wade en 2022, muchos estados han adoptado nuevas prohibiciones o restricciones sobre el aborto, reflejando la división en el país en torno a este tema. Los estados gobernados por republicanos han implementado medidas restrictivas, mientras que los gobernados por demócratas han buscado proteger el acceso al aborto.