Diez años después del trágico hundimiento del petrolero “Prestige”, que derramó 77.000 toneladas de petróleo sobre las costas gallegas, comenzó este martes en España el juicio por una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia del país, con un único responsable político entre los acusados.

El esperado “macrojuicio” tiene lugar en la recta final de la campaña electoral para los comicios del próximo domingo en Galicia, en los que el presidente regional Alberto Núñez Feijóo, del derechista Partido Popular (PP), en el poder cuando ocurrió la catástrofe, busca revalidar su mayoría absoluta.

La vista oral, de dimensiones inéditas, producto de una década de investigaciones -incluye 230.315 folios con testimonios e informes periciales-, se celebra en el reciento ferial de A Coruña, donde está previsto que declaren los acusados y testigos hasta el próximo 13 de noviembre, coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe ecológica.

El principal acusado es el capitán del barco siniestrado, el griego Apostolos Manguras, de 77 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia.

También están imputados por los mismos delitos otros dos miembros de la tripulación, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial Ireneo Maloto, de nacionalidad filipina y ausente en búsqueda y captura, por lo que no estará en el juicio.

El único responsable político que se sentará entre los acusados es José Luis López Sors, ex director general de la Marina Mercante en el momento de la catástrofe que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2002, cuando gobernaba José María Aznar, del PP.

Este ex alto funcionario del Ministerio de Fomento, entonces dirigido por Francisco Alvarez Cascos, está acusado de “imprudencia grave” por su gestión de la crisis al haber decidido alejar al petrolero de la costa.

Según los expertos, la medida agravó el vertido ya que terminó afectando a 3.000 kilómetros de costa -desde Galicia hasta Francia-, con el petrolero expulsando combustible durante seis días hasta que se partió y se hundió a 250 kilómetros de la costa provocando una “marea negra”, la peor de la historia de España.

Las organizaciones ecologistas consideran que la gestión del gobierno de Aznar fue un "desastre", ya que no se tomaron las medidas adecuadas para reducir los efectos del vertido.

Los ciudadanos españoles también recuerdan la triste frase del entonces vocero y actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien al visitar Galicia luego de la tragedia afirmó que lo que salía del Prestige no eran más que “unos hilitos de plastilina”.

La tragedia ecológica movilizó a la sociedad en su conjunto: miles de pescadores, mariscadores y voluntarios llegados de toda España se volcaron en las labores de limpieza de la playa, que se centraron principalmente en la retirada del chapapote (fuel) vertido. De la indignación ciudadana surgió el movimiento “Nunca Mais”, que protagonizó multitudinarias manifestaciones en todo el país.

Como responsables civiles directos de la tragedia están imputadas las aseguradoras, la naviera propietaria del buque, y el Fondo Internacional de Indeminización de Daños y el Estado español, que también ejerce la acusación.

El daño y perjuicio fue valorado en 2.233,76 millones de euros, aunque la Fiscalía tiene previsto presentar un informe de la Universidad de Santiago que dobla esta cuantía.