Brasil será escenario este jueves de una jornada nacional de protestas en una veintena de estados. La movilización tuvo como anticipo, este miércoles, una huelga en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, ubicado en la ciudad de San Pablo.

La jornada, bautizada como "Día Nacional de Lucha", fue organizada por Força Sindical, la Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión General de Trabajadores (UGT), Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas) y la Central General de Trabajadores Brasileños (CGTB).

No hay unanimidad en la postura de los sindicatos frente a la administración de la presidenta Dilma Rousseff, ya que entre las centrales hay partidarias del gobierno y opositoras, como la Força.

Las movilizaciones tienen lugar tras cuatro semanas de protestas, y plantearán objetivos como la reducción de la jornada de trabajo y cambios en la ley sobre tercerización, así como reajustes a las pensiones de los jubilados, entre otras demandas.

En la jornada de este jueves también participarán trabajadores de los puertos brasileños. Según los sindicatos, Brasil cuenta con 34 puertos públicos y 129 puertos mixtos (público/privados) que emplean a unos 80.000 estibadores.

Los Trabajadores Sin Tierra (MST), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y el Partido de los Trabajadores (PT) se plegarán a las protestas.

"Nuestra actitud va a ser, en primer lugar, la de estar con los oídos muy atentos a lo que se va a plantear mañana", aseguró el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, en relación a la primera huelga general desde que se inició, en 2003, el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT); que comenzó con la llegada al poder del ex dirigente sindical Luíz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y continúa con la actual presidenta, Dilma Rousseff.

Será la cuarta huelga general en la historia de Brasil desde la declaración de independencia, en 1822, y será, también, la primera durante las últimas dos décadas.

La decisión de la presidenta Dilma Rousseff es "dialogar y oír las calles", añadió Gilberto Carvalho, citado por la oficial Agencia Brasil.

Unos 600.000 funcionarios públicos del Ejecutivo y del mundo judicial ya se han adherido al paro propuesto por los sindicatos, informó El País.

El día de movilizaciones fue convocado a fines de junio, cuando el país aún era sacudido por una ola de protestas contra la corrupción, los millonarios gastos del Estado para organizar el Mundial-2014 de la FIFA y en demanda de mejores servicios públicos.

Las centrales prevén protestas en una veintena de estados, incluyendo las mayores ciudades brasileñas como San Pablo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife, entre otras.

Las demandas acordadas por las centrales sindicales son la reducción de la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales sin reducción de salarios; el incremento de las jubilaciones, mayores inversiones en salud, educación y seguridad, transporte público de calidad, reforma agraria y urbana, entre otras.