El Tribunal Supremo español condenó hoy a tres años de prisión a ocho manifestantes que participaron del multitudinario "cerco" al parlamento regional de Cataluña el 15 de junio de 2011, en el marco de las movilizaciones de los indignados españoles.

De acuerdo con la sentencia del alto tribunal, los manifestantes imputados cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado.

La resolución judicial -que responde a los recursos presentados por la Fiscalía, el gobierno catalán y el parlamento regional- anula parte del fallo dictado en julio de 2014 por la Audiencia Nacional de España por el que se absolvió a 19 de las 20 personas
acusadas por estos hechos. Solo una persona fue condenada, aunque por la falta de haber pintado una cruz en la espalda de una diputada.

La protesta conocida como el "asedio al parlament" pretendía denunciar y evitar que se votaran los presupuestos autonómicos- regionales- que incluían duros recortes al presupuesto público. Fue una de las movilizaciones más controvertidas que vivió España desde la irrupción del movimiento popular conocido como 15M o de los indignados.

El 15 de junio de 2011, miles de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del parlamento regional catalán, ubicado en el Parque de la Ciudadela, e increparon a los diputados que acudieron a la cámara en una especie de "escrache". Además de insultos, algunos diputados fueron blanco de ataques con huevos y basura.

Debido a la tensión que se vivió, el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, decidió acceder en helicóptero a la Cámara.
A pesar de que la protesta duró todo el día no evitó que los presupuestos fueran aprobados. A lo largo de la jornada se produjeron algunos choques entre manifestantes y los agentes antidisturbios y se efectuaron detenciones.

La Audiencia Nacional entendió que todas las personas que participaron de aquella protesta ejercieron su "derecho fundamental de manifestación" y no quedó acreditado que los acusados hayan sido los que puntualmente -salvo un caso- agredieron a algunos de los diputados catalanes. De hecho, la pintada a la diputada socialista Montserrat Tura fue un "acto descortés y gratuito" al calor de la protesta.

El tribunal también consideró que la confrontación con los diputados fue "inevitable" debido a que sólo había quedado abierto un acceso al parlamento regional.

La sentencia defendió la legitimidad de esta acción de protesta que "para muchos sectores" es "el único medio" que disponen para expresar y difundir sus pensamientos y opciones, el único espacio en el que pueden ejercer su libertad de palabra".

Asimismo, los jueces argumentaron que los manifestantes ejercieron su derecho democrático y no actuaron contra este concepto, puesto que lo que convocaron la protesta pretendían denunciar que los partidos del gobierno iban a aprobar unos recortes de gasto social que no plantearon en sus programas electorales.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo discrepan radicalmente con este criterio y aseguran que "el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional".

En ese sentido, señalan que intentar "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".

Ante lo que era una colisión de derechos, la Audiencia incurrió en un "patente error" al resolver el conflicto, aseguran en su resolución.

Para los jueces del supremo, los acusados cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado -artículo 498 del Código Penal- porque "contribuyeron con su acción a reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos, lo que les impidió el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas".

Tras conocerse el nuevo fallo, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, afirmó que "se hace justicia" puesto que la sentencia del Supremo se corresponde con el sentimiento mayoritario de los catalanes, que no entendían que los hechos ocurrido el 15 de junio de 2011 quedaran impunes.

En cambio, los partidos independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las CUP, así como la izquierda ecosocialista catalana coincidieron en señalar que la sentencia del Tribunal Supremo era "desproporcionada".