Detuvieron a un sospechoso por la muerte del camarógrafo
Caio Silva de Souza, de 22 años, fue apresado sin resistencia en Bahia, al nordeste del país, por el deceso del cámara de TV Santiago Andrade.
La policía detuvo en Bahia, en el nordeste de Brasil, al joven Caio Silva de Souza, acusado de ser quien lanzó el explosivo que mató a un camarógrafo durante una manifestación contra el aumento del transporte en Rio de Janeiro. De Souza “se entregó sin presentar resistencia” a las 2 horas de la región noreste (4 GMT) en un hotel de la ciudad Feira de Santana, interior de Bahia, declaró el comisario Mauricio Luciano, de la Policía Civil (de investigaciones) de Rio de Janeiro.
“Por las pruebas y testimonios que tenemos fue él (De Souza) quien encendió y disparó el artefacto que alcanzó” al camarógrafo, cuya muerte cerebral fue anunciada este lunes, añadió el comisario Mauricio Luciano. La orden de captura de De Souza fue decretada por la Justicia de Rio de Janeiro, que lo considera principal sospechoso de haber lanzado el artefacto que impactó en la cabeza del camarógrafo Santiago Andrade, de la TV Bandeirantes, en la marcha del jueves pasado en el centro carioca.
Escoltado por agentes de seguridad el sospechoso, de 22 años, arribó hoy al aeropuerto internacional Tom Jobim, de Rio de Janeiro, poco después de las 9 horas de esa ciudad del sudeste (12 GMT) y fue trasladado a una comisaría. El caso desató una polémica sobre los actos violentos en actos de protesta contra la Copa del Mundo, que pueden ser convocados en los próximos meses, según anunciaron varias agrupaciones.
Entidades periodísticas denunciaron que 175 periodistas fueron agredidos por manifestantes y policías desde junio de2013 cuando ocurrieron movilizaciones masivas contra la Copa delas Confederaciones de fútbol, disputada en Brasil. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, aseguró que el gobierno garantizará la “libertad de manifestación” pero advirtió que no se permitirá actos de violencia. En tanto el presidente del Senado, Renán Calheiros, dijo que se analiza la posible sanción de una ley con penas más severas contra quienes perpetren desmanes en las movilizaciones.