El gobierno catalán paralizó la campaña pro-referéndum pero aseguró que el proceso continúa
El gobierno de Artur Mas ratificó el referéndum soberanista del 9 de noviembre, aunque paralizó la campaña institucional para evitar violar la ley.
"El proceso soberanista continúa", fue la respuesta categórica del Ejecutivo regional del presidente catalán, Artur Mas, ante la resolución judicial conocida ayer.
Por la tarde, miles de personas se reunieron frente a las edificios municipales de las principales ciudades de Cataluña, con Barcelona a la cabeza, en respuesta a la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que llamó a los ciudadanos a defender la consulta del 9 de noviembre frente a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional.
Pese a la intensa lluvia, los manifestantes colmaron la emblemática plaza Sant Jaume de Barcelona, donde clamaron por la independencia y exigieron su derecho a votar.
El gobierno catalán se vio obligado a paralizar la campaña a favor del referéndum para evitar violar la ley y un eventual proceso de desacato, pero anunció que presentará recursos para que se levante la suspensión cautelar dictada ayer por el Tribunal Constitucional cuando le dio estado judicial a dos recursos de inconstitucionalidad contra la consulta, presentados por el gobierno central de Mariano Rajoy.
"Si alguien pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar es que no acabó nada", aseguró el portavoz del gobierno catalán, Frances Homs, en conferencia de prensa tras una reunión del Ejecutivo regional.
Homs subrayó que el gobierno catalán "no se echa atrás", aunque "es consciente de la situación y los efectos de carácter cautelar" de la resolución del Constitucional, que no anula la consulta.
En ese sentido, el funcionario instó al máximo tribunal a resolver con celeridad las alegaciones que se presentarán para que el referéndum se pueda celebrar el 9 de noviembre.
"El proceso no termina aquí, el gobierno seguirá promoviendo iniciativas legales, políticas, e institucionales para que los catalanes puedan votar", añadió Homs, aunque no especificó qué medidas se impulsarán.
Tras la suspensión de la consulta independentista de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional español, la líder del derechista Partido Popular (PP) catalán, Alicia Sánchez Camacho, advirtió a Mas que lo denunciaría por malversación de fondos públicos si no levanta la campaña institucional pro referéndum.
"Si sigue, el PP presentará inmediatamente ante la Fiscalía una denuncia por malversación de fondos públicos, de todos los impuestos que pagamos los catalanes que estarían siendo utilizados para una actividad que está suspendida y que es ilegal", afirmó Sánchez Camacho en conferencia de prensa desde el Senado, en Madrid.
Hoy entró en vigor la resolución del Tribunal Constitucional que suspende durante cinco meses tanto la convocatoria firmada por Mas como la ley catalana de consultas que lo habilitó.
En su resolución, que hace lugar a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo central de Rajoy, el máximo tribunal especifica que la suspensión afecta a "todas las partes implicadas en el proceso", así como a "terceros".
Se entiende que queda prohibida la emisión de anuncios por parte de instituciones, partidos, asociaciones, etc.
Tan pronto como Mas firmó el sábado pasado el decreto que convocaba a los catalanes a las urnas el próximo 9 de noviembre, su gobierno puso en marcha una campaña bajo el lema "Tu decidieses" (Tu decides), que incluía anuncios en radio, TV y prensa escrita, así como una página web (www.9nconsulta2014.cat), que aún está activa.
Algunos de los partidos que impulsan la independencia, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), también lanzaron sus propias campañas publicitarias. De hecho, la formación liderada por Oriol Junqueras dijo que la mantendrá pese a la resolución del Constitucional.
"Entre obedecer a un tribunal politizado y a la mayoría de la ciudadanía que quiere ir a las urnas, nuestro deber es obedecer a los ciudadanos de Cataluña", dijo el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch.
A través de las redes sociales, los partidos soberanistas también expresaron su apoyo y promovieron las convocatorias sociales para protestar contra la resolución del Constitucional y en defensa de la consulta del 9 de noviembre.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC), principal impulsor de las manifestaciones independentistas de los últimos años, llamó a los catalanes a concentrase frente a sus ayuntamientos y lanzó una campaña para mantener activa la movilización .
Entre otras iniciativas, bajo el lema "Mutsialagabia" (Mudos y a la jaula), un grupo de ciudadanos colocó hoy urnas de cartón enjauladas en diversos lugares públicos de decenas de ciudades catalanas para denunciar de forma "simbólica" un hecho de "profunda gravedad" como es la suspensión de la consulta.
En tanto, como estaba previsto, al igual que el gobierno catalán, el Parlamento catalán también anunció que presentará alegatos ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central ante el Constitucional contra la Ley de Consultas que permitió a Mas convocar el referéndum soberanista.
La presidenta de la cámara regional, Núria de Gispert, indicó en conferencia de prensa que la decisión del Constitucional "provoca un perjuicio" a los catalanes porque afecta el interés general y el objetivo es lograr el levantamiento de la suspensión lo antes posible.
A partir de ahora, el gobierno catalán entrará en una batalla legal con el gobierno español, en un marco de tensión política y social para intentar levantar la suspensión del referéndum y celebrarlo en la fecha marcada.