El nuevo ministro de Justicia español, Rafael Catalá, es partidario de realizar "ajustes" en la Constitución española para reconocer la singularidad de Cataluña, posición que podría suponer un cambio sustancial en el Ejecutivo de Mariano Rajoy de cara al conflicto separatista con la norteña región de España. "Yo soy partidario de realizar ajustes de la Constitución para reconocer la singularidad catalana", dijo Catalá en una entrevista con la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado publicada el pasado mes de junio y reproducida hoy en la prensa española. 

"Nuestra Constitución nos ha servido muy bien durante 30 años dándonos el periodo de mayor prosperidad de nuestra historia reciente, pero no es inamovible. Puede ser reformada para mejorar el encaje de Cataluña, eso sí, buscando el mayor consenso posible", añadió el ahora ministro. Sus palabras no habían tenido trascendencia debido a que entonces era Secretario de Estado de Infraestructuras y no tenía un peso significativo en el Ejecutivo. 

Catalá llega al Ministerio de Justicia tras la renuncia de Alberto Ruiz Gallardón, quien ayer dejó su cargo después de que Rajoy anunciara por sorpresa la retirada de su polémica reforma que endurecía la Ley del Aborto, resistida por prácticamente todos los sectores de la sociedad y que incluso provocó divisiones en las filas de los conservadores. Con la caída de Gallardón, Rajoy rectificó ante la amenaza electoral que conllevaba la contrarreforma del aborto -según las encuestas suscitaba el rechazo del 80% de la ciudadanía y del 57% de sus votantes-; y designó a un hombre cuya posición sobre Cataluña podría abrir una oportunidad para relajar el conflicto separatista. 

Catalá se muestra favorable a la "Tercera Vía" -reformar la Constitución en clave federal- que promueve el líder socialista Pedro Sánchez y apoya buena parte del sector empresarial catalán, pero que hasta ahora Rajoy había rechazado. Su designación llega en un momento crucial, en la misma semana en que el presidente catalán, Artur Mas, se dispone a firmar el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre. 

Mas actuará al amparo de la Ley catalana de consultas aprobada el pasado viernes por el Parlamento catalán y que el gobierno central de Mariano Rajoy considera anticonstitucional. El Ejecutivo español está a la espera de que la norma entre en vigor para impugnarla, lo que inaugurará una nueva etapa de confrontación con el gobernó catalán. 

En plena tormenta, Rajoy podría imprimir un giro a su posición respecto a Cataluña, ya que contará con Catalá, un ministro de Justicia favorable al cambio. Y aunque una eventual reforma constitucional no es garantía para desactivar el conflicto separatista, la sola posibilidad de eso podría rebajar la tensión y abrir una etapa de diálogo entre el gobierno catalán y español, algo que hasta ahora prácticamente no sucedió.