El gobierno socialista francés aprobó hoy en el Consejo de Ministros la contrarreforma de las jubilaciones, desafiando la política de ajuste y austeridad que recorre Europa, pese a que hace unos días la Comisión Europea advirtió que el sistema de pensiones galo puede no ser sostenible a medio plazo.

La ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, autora de la reforma, explicó que los trabajadores que empezaron a aportar a los 18 o 19 años tendrán derecho a jubilarse a los 60 años, y no deberán esperar a los 62 años como estipulaba la ley aprobada en 2010 por la mayoría liderada por Nicolas Sarkozy.

El nuevo presidente, Francois Hollande, firmará un decreto para que la medida entre en vigor el 1 de noviembre, una fórmula que irritó a la oposición conservadora que la definió como un ataque a la democracia porque no pasa por el Parlamento.

Pese a la presión de Alemania y Bruselas, inquietas porque el gobierno socialista eleve el gasto público más allá de lo aconsejable para cumplir el objetivo de déficit del 3% para el año próximo, aquellos asalariados nacidos en 1955 o después y que hayan aportado 41,5 anualidades podrán abandonar sus trabajos a partir de noviembre.

El nuevo sistema ofrece ventajas a las mujeres y los desocupados, ya que los periodos de desempleo y los permisos de maternidad contarán entre los trimestres necesarios para jubilarse.
 
Los desempleados que lleven largo tiempo en esa condición y las madres de tres hijos o más que hayan sufrido enfermedades largas, podrán anotarse dos trimestres suplementarios para jubilarse a los 60 años.

La modificación de una de las innovaciones más emblemáticas de la etapa Sarkozy fue una de las claves de la campaña electoral que llevó a Hollande al Elíseo. El candidato socialista aseguró que no era justo que los trabajadores con "empleos largos" que habían aportado a la Seguridad Social más de 40 años, no pudieran acceder a la pensión a los 60 años, y prometió dar marcha atrás en cuanto llegara al poder.

Pese a la promesa, esta reforma tendrá un efecto limitado: El Gobierno estima que afectará a más del 20% de las pensiones globales y que en 2013 podrán acogerse a la extensión del sistema entre 110.000 y 120.000 personas.

El costo para el Estado será de 1.200 millones de euros el año próximo y de 3.000 millones anuales desde 2017. La financiación se cubrirá con un aumento de los aportes sociales de dos décimas de punto: una décima la costearán los trabajadores y otra las empresas.