El pago de la fianza no exime a la infanta del delito de fraude fiscal en el que continúa imputada y por el que puede ser llevada a juicio oral, una decisión que debe tomar el juez que investiga el "caso Nóos", José Castro.

La única posibilidad que tiene la hermana del monarca de eludir el juicio es que el magistrado aplique- como le solicitó el fiscal- la "doctrina Botín" (en referencia a un caso en el que estuvo procesado el fallecido presidente del Banco Santander), que permite a un imputado evitar el banquillo si no hay acusación pública o particular, como en este caso.

La defensa de la hermana del rey Felipe VI presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, que investiga la causa, en el que informa del depósito en la cuenta del tribunal del dinero reclamado por el Ministerio Publico en concepto de "responsabilidad civil", según fuentes judiciales.

A diferencia del juez del caso, que imputó a la infanta por fraude fiscal, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, asegura que la hermana del rey Felipe VI no cometió delito, pero le reclama 587.413 euros por haberse beneficiado del dinero supuestamente defraudado por su marido y que fue desviado a una empresa conyugal.

A la empresa Aizoon, que la infanta y su marido comparten al 50%, fueron a parar un millón de euros apropiados por el Instituto Nóos, la fundación deportiva supuestamente sin fines de lucro creada por Urdangarín y su ex socio Diego Torres, que se adjudicó 6 millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear, valenciano y madrileño, sin que mediara contrato alguno.

Con esta misma sociedad, Urdangarín también defraudó a Hacienda al no pagar un total de 337.138 euros de las cuotas del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 2007 y 2008.

El juez Castro, quien previsiblemente emitirá su decisión antes de Navidad, fue el que procesó a la infanta al considerarla "cooperadora necesaria" de los delitos cometidos por su marido.

Bajo esa misma calificación, la acusación popular, que ejerce el seudo sindicato Manos Limpias, pidió ocho años de cárcel para la infanta.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que tampoco acusa a la infanta, también le exigió una fianza de 168.571, la mitad del dinero defraudado por Urdangarín.