El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Cedaw) condenó al Estado español por negligencia y falta de protección a una mujer víctima de violencia de género y su hija de 7 años, que fue asesinada por su padre a pesar de las más de 30 denuncias en su contra.

"El Estado mató a mi hija", dijo Ángela González, citada por el diario español El Mundo, quien se transformó en la primera mujer en demandar al Estado como responsable civil del parricidio de una hija.

En su dictamen, el Comité sostuvo que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y condenó a ese país europeo por no protegerlas, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.
El organismo internacional, primero en condenar a España por un caso de violencia de género, presentó la demanda en septiembre de 2012 ante la ONU en nombre de la mujer, quien luchó durante 11 años ante distintos tribunales de justicia sin éxito.

Ángela consideró que la decisión de Naciones Unidas es una "oportunidad" para que "se puedan cambiar las cosas" en España "y para que ninguna otra madre y ningún otro niño o niña pase por la misma situación", en un país en el que sólo en 2014 murieron al menos 33 mujeres por violencia de género, reportó la agencia alemana DPA.

Ángela se separó de su pareja tras sufrir malos tratos durante años, realizó más de 30 denuncias contra su agresor y buscó protección ante la Justicia para su hija, pero pese a irse de la casa familiar las violencias continuaron.

En el proceso de divorcio el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado, pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba los encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas, informó el diario español El País.

Una docena de visitas más tarde, en abril de 2003, el hombre, que había amenazado a la mujer diciéndole "te voy a hacer daño con lo que más te duele", mató a la nena de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid) y luego se suicidó.

Con la muerte del presunto asesino se declaró extinguida la responsabilidad penal, por lo que Ángela reclamó ante el Estado, aunque no tuvo éxito y recurrió a la ONU.

"Ángela confió en la Justicia. Acudió a los tribunales ante todo episodio de violencia, de acoso y de persecución, pero todos los sistemas fallaron", explicó a la agencia DPA Paloma Soria, una de las abogadas que tramitó la demanda a través de la organización Women`s Link Worldwide.

Soria aseguró que "en las campañas que se hacen contra la violencia de género se les dice a las víctimas que tienen que denunciar para poder ser ayudadas, pero el caso de Ángela demuestra que es importante que haya una respuesta coordinada por parte del Estado".

El Comité de la ONU reconoció el avance normativo que tuvo lugar en España en los últimos años en materia de violencia de género, pero hizo hincapié en la necesidad de una implementación efectiva. "Hay una normativa, pero en muchos casos no se está cumpliendo", destacó Soria.

Hasta hace pocos días, cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó el llamado Estatuto de la Víctima, el Estado español no reconocía a los niños y niñas que viven en entornos de violencia de género como víctimas directas.

"Es un paso muy importante porque les reconoce los mismos derechos que a las mujeres víctimas de violencia de género, pero hay que dotarlo de contenido y, sobre todo, aplicarlo de manera efectiva", afirmó Soria.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español anunció hoy que modificará la normativa vigente para ampliar la protección de esos niños, que, aunque no hay datos oficiales, son unos 800.000 según la organización Save the Children.

"En la práctica persisten los estereotipos y la falta de credibilidad en la madre. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre", afirmó Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas, entre otras organizaciones, pidieron ayer al Gobierno español medidas para que los jueces restrinjan o prohíban, de manera obligatoria y no potestativa, los regímenes de visita de los acusados y condenados por violencia de género.