La ley habilitante sancionada ayer faculta a Maduro a dictar, durante 12 meses, decretos con fuerza de ley en materia de “lucha contra la corrupción” y “defensa de la economía”.

Las atribuciones incluyen eventuales “medidas destinadas a planificar y regular la economía”, así como a “garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios seguros, de calidad y a precios justos”, informó la agencia noticiosa estatal AVN.

El mandatario prometió anoche, tras la sanción de la norma, que en enero de 2014 iniciará una “ofensiva estremecedora contra la corrupción” y que en los próximos 12 meses logrará “la derrota de la guerra económica” que provoca inflación y escasez de productos básicos en el país.

También reiteró que entre las primeras medidas que adoptará en uso de la ley habilitante figurarán decretos-leyes destinados a regular los costos y los precios de los productos, las utilidades de las empresas y el comercio exterior, así como a reformar la administración de divisas y obligar a que los bienes importados lleven “una marca especial de color verde”.

“Vamos a ponerle una marca especial de color verde a todos los productos que traigamos, para identificarlos como productos que fueron traídos con dólares de la república y que nadie robe al pueblo”, explicó.

En tanto, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció hoy que el Ministerio Público realizará “allanamientos a establecimientos comerciales” que buscarán “poner freno a la especulación, la usura y el acaparamiento”, con el fin de “apoyar las medidas económicas anunciadas por el gobierno”, reportó la televisora privada Globovisión.

Por otra parte, el gobierno y la empresa surcoreana Samsung firmaron hoy un convenio para la creación de una compañía mixta con mayoría accionaria del Estado venezolano que se instalará en Venezuela para fabricar electrodomésticos, informó el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, en conferencia de prensa.

Mientras se preparan los estudios para definir dónde se localizarán las plantas, “en los próximos días” llegarán a Venezuela más de 400.000 productos electrónicos y electrodomésticos de Samsung para “garantizar el abastecimiento”, dijo Ramírez, que también es ministro de Energía y Petróleo y presidente de la petrolera estatal PDVSA.

La sanción de la ley habilitante -la quinta durante los casi 15 años que el chavismo lleva en el gobierno; las anteriores fueron en 1999, 2000, 2007 y 2010, y en virtud de ellas se emitieron en total 215 decretos-leyes- agudizó el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición cuando faltan menos de 20 días para las elecciones de alcaldes y concejales del 8 de diciembre.

Ambos sectores consideran a esos comicios como un virtual plebiscito, después del ajustado resultado de las elecciones presidenciales de abril pasado, que consagraron a Maduro sobre el líder opositor Henrique Capriles Radonski por menos de 1,5 punto porcentual de los votos.

“Con la ley habilitante no van a aparecer la leche, la carne, el pollo; no se acabará la inseguridad y tampoco se conseguirá cemento”, dijo Capriles en una rueda de prensa en la que convocó para este sábado a una “protesta nacional en los 335 municipios del país”.

En ese contexto, Capriles acusó ayer -y lo reiteró hoy- a Maduro de haber ordenado la detención del avión que utiliza el líder opositor para recorrer el país, y el mandatario afirmó anoche que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que nuclea a 29 partidos opositores “está planificando un gran apagón previo a las elecciones o el día de las elecciones” municipales.

Al margen, el sindicato de obreros y empleados administrativos del sector estatal de salud del Distrito Capital -gobernado por la chavista Jacqueline Faría, es uno de los cinco municipios en que está dividida Caracas- anunció que mañana realizará una manifestación callejera en reclamo de un aumento salarial de 75 por ciento, similar al que ya se le concedió al personal médico y en protesta por “la falta de insumos y la situación de equipos médicos e infraestructuras”, a la que calificaron en “crisis profunda”.