La primera dama de México, Angélica Rivera, afirmó el martes que la mansión por la que se ha cuestionado al presidente Enrique Peña Nieto fue adquirida gracias a sus ganancias como actriz de telenovelas, pero que decidió venderla para frenar las críticas.

La primera dama difundió anoche un video en su página de Internet en el que aseguró que al final de su contrato, en 2010, y tras una carrera como actriz de 25 años, obtuvo un pago de la cadena Televisa que incluyó una casa y que tenía solvencia económica para adquirir otra vivienda vecina, que fue bautizada en los últimos días "Casa Blanca", ubicada en uno de los barrios más lujosos de la capital del país.

El presidente y su esposa recibieron duras críticas después de que el sitio de internet Aristegui Noticias publicara que la casa es legalmente propiedad de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, parte de Grupo Higa, que realizó varias obras de infraestructura cuando Peña Nieto gobernaba el estado de México.

"Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias, gracias a eso soy una mujer independiente", indicó Rivera en su mensaje.

La primera dama explicó que en el 2012 firmó un contrato de compraventa con la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro por la casa, con un valor de 54 millones de pesos (casi cuatro millones de dólares en valor actual), pagaderos en un plazo de ocho años y con un interés del 9 por ciento.

Rivera, conocida en México como "La Gaviota" por uno de sus papeles protagónicos más populares, dijo que ha trabajado desde los 15 años y que Televisa, empresa en la que trabajó durante varios años, le entregó como pago una casa en la que empezó a vivir en 2008 y, además, más de 88,6 millones de pesos (más de 6,5 millones de dólares) además de la casa.

Después de las aclaraciones, la ex actriz dijo que tomó la decisión "de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia''.

El Grupo Higa, a través de su unidad Constructora Teya, forma parte de un consorcio que ganó a inicios de mes una licitación para construir el primer tren de alta velocidad para pasajeros en México, un proyecto valorado en 3,750 millones de dólares.
El resultado de la licitación fue revocado sorpresivamente días después tras las críticas sobre el supuesto favoritismo hacia las empresas locales del consorcio, liderado por la gigante China Railway, que fue el único postor en la licitación.

Hace poco más de una semana el portal de noticias de la periodista Carmen Aristegui divulgó que el presidente tenía una casa privada registrada a nombre de una compañía que se ha visto beneficiada con obras públicas, aunque luego el gobierno dijo que era una vivienda de la primera dama.

Visiblemente molesto y con un tono de voz inusualmente elevado, el presidente Peña Nieto dijo ayer en un evento público que la información sobre la propiedad de su esposa ha provocado "un sinnúmero de versiones y de falsedades".

Tras asegurar que en medio de protestas ligadas a la desaparición de estudiantes percibe un "afán orquestado por desestabilizar" el proyecto de nación que impulsa a través de diversas reformas en áreas claves como energía, el mandatario dijo que pidió a su esposa aclarar las versiones sobre la propiedad de 1414 metros cuadrados y de un valor aproximado de siete millones de dólares, según el reporte inicial del portal de Aristegui.

"No permitiré que este tema ponga en duda la confianza que la mayoría de los mexicanos me han confiado para conducir los destinos de la República", señaló Peña Nieto.

"Espero que la aclaración que personalmente dará mi esposa pueda dejar muy claro cómo fue que se hizo de esta propiedad, algo que hizo a partir de su trabajo", dijo Peña Nieto en un evento en el Estado de México, que bordea la capital.

El Gobierno de Peña Nieto está también bajo intensa presión por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre, un caso que sigue bajo investigación y que despertó protestas a nivel nacional.

Hasta ahora se desconoce aún su paradero, aunque las autoridades creen que podrían haber sido asesinados por sicarios tras haber sido detenidos por policías municipales.

La última polémica alrededor del gobierno federal surgió con el reporte sobre la mansión y aunque ha señalado que no hay ninguna irregularidad, el gobierno ha tenido poco éxito en aclarar los cuestionamientos.