El derribo del avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania podría considerarse "un crimen de guerra", aseguró hoy la ONU, y precisó que los combates entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos han dejado más de 1100 muertos desde abril.

"Esta violación de la ley internacional dadas las circunstancias podría considerarse un crimen de guerra", declaró la comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay en un comunicado.

Pillay pidió un "investigación meticulosa, efectiva, independiente e imparcial" sobre el derribo con un misil en una zona controlada por los insurgentes del avión de pasajeros malasio en el que iban 298 personas y que no dejó sobrevivientes.

La Cruz Roja indicó oficialmente la semana pasada que la situación en Ucrania era de guerra civil, una clasificación que convertiría a las partes en conflicto en pasibles de ser perseguidas por crímenes de guerra.

"Al menos 1129 personas han muerto y 3422 han resultado heridas" desde que Kiev lanzó su "operación antiterrorista" a mediados de abril, según datos disponibles a 26 de julio, apunta el informe.

Estos últimos datos suponen un aumento considerable respecto al balance del pasado 18 de julio, en el que la ONU cifraba en 256 los muertos desde abril.

Pillay afirmó que las informaciones de la intensificación de los combates en los bastiones de los insurgentes de las regiones de Donetsk y Lugansk son "extremadamente alarmantes" y dijo que ambas partes "empleaban armamento pesado en zonas residenciales, incluyendo artillería, tanques, cohetes y misiles".

Además, el informe señala que "el Estado de Derecho ya no existe y ha sido reemplazado por la ley de la violencia".
En el documento se acusa a esos grupos -liderados ahora por un comando centralizado dirigido por ciudadanos rusos- de imponer a la población las consecuencias de una "ruptura total de la ley, del orden y el reino del terror".

Una de las más graves es el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas, para las que el Gobierno ucraniano no ha previsto soluciones a medio o largo plazo.

De esos desplazados, 14.000 vivían en la península de Crimea, anexionada el pasado marzo por Rusia tras un referéndum entre los crimeanos abrumadoramente favorable a esa opción, y han abandonado sus hogares para instalarse en otras partes de Ucrania debido al acoso y discriminación que sufrían por formar parte de ciertas minorías.

Incluso los "representantes de minorías religiosas están bajo presión para abandonar Crimea" y el Obispo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha denunciado que los feligreses y la propiedad de su iglesia están amenazados.

En relación al caos imperante en Donestk y Lugansk, el informe sostiene que en ambos "los gobiernos locales han dejado, en los hechos, de funcionar", con lo que los salarios, pensiones y otros desembolsos de carácter social han dejado de ser pagados en algunos lugares.

A este respecto, el jefe de la Sección para las Américas, Europa y Asia Central del alto comisionado, Gianni Magazzeni, quien presentó el informe a la prensa, dijo que los grupos rebeldes "en lugar de ir en la dirección de discusiones y negociaciones con las autoridades en Kiev han optado por crear estructuras paralelas" de gobierno.

"Ello incluye una nueva Constitución para la región de Donbass (Lugansk y Donestk) y un nuevo Código de Procedimientos Penal, calcado del que tiene Rusia, mientras que las instituciones antes existentes han dejado de funcionar, incluidos la policía, la justicia y otros varios servicios públicos", explicó Magazzeni.

En ese sentido, lamentó que aunque el Gobierno central puso en los últimos meses sobre la mesa propuestas relativas a un alto el fuego, reformas constitucionales y medidas de descentralización y para la preservación del idioma ruso -todas demandas de la minoría rusoparlante de Ucrania- la situación sólo ha empeorado.

Una de las acciones de los rebeldes contra civiles que más preocupa a la oficina de derechos humanos de la ONU tiene que ver con los secuestros, con 721 casos documentados, de los que en 375 casos se desconoce hasta ahora el paradero de la víctima.