"España no está corrompida, tiene algunos corruptos que están saliendo a la luz, pero el resto está sana", aseguró Rajoy en su intervención, que si bien estaba anunciada antes de la dimisión de Mato, llega marcada por su obligado paso al costado y en medio de una enorme presión por una ola de escándalos de corrupción que están minando de forma acelerada la confianza en los partidos tradicionales del país.

"Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda más espacio que para los 'salva patrias de las escobas', cuyo único programa es barrer con las consecuencias conocidas", añadió el presidente del gobierno.

Rajoy apuntaba así hacia Podemos, el partido nacido del hartazgo de los ciudadanos indignados españoles, que en menos de un año de existencia y prometiendo barrer con las corruptelas de la "casta" -como se refieren a las elites políticas españolas-, emerge como primera fuerza política en las encuestas amenazando a las fuerzas hegemónicas.

"Puedo entender la irritación ciudadana, puedo entender la desconfianza, porque las comparto, pero ni lo uno ni lo otro justifica que se generalice la culpabilidad" subrayó.

Rajoy intentaba así desentenderse de su responsabilidad política por la implicación, acreditada judicialmente, de la ex ministra y de su fuerza política en el "caso Gürtel, que investiga el pago de comisiones a cambio de contratos públicos durante décadas a funcionarios del Partido Popular (PP), que él lidera.

Sin embargo, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, le recordó que aunque la corrupción es un enemigo común a todos los partidos, "no nos afecta a todos por igual".

"Yo no me siento en una sede construida con dinero negro, ni he recibido sobres de mi partido con dinero de una caja B, ni tenemos un tesorero en la cárcel por cuentas en Suiza", dijo a su turno Sánchez, en referencia a la implicación del PP en una gran trama de corrupción que se destapó con el caso Gürtel.

Mato, de 55 años, se convirtió en la primera alta funcionaria del gobierno conservador en renunciar desde que se destapó ese caso hace seis años.

Su dimisión era casi inevitable. Ayer, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz indicó que la ex ministra podría ser participe a "título lucrativo" –responsable civil- de presuntos delitos de corrupción cometidos por su ex marido Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, un municipio cercano a Madrid.