"Nos vamos a preparar para organizar la casa y tener en 2015 una retomada (del crecimiento). Buscamos una recuperación, una mejora en nuestras condiciones. Para esto tenemos que tomar algunas medidas más drásticas", declaró la mandataria, reelegida en octubre pasado para un segundo mandato que comenzará el próximo 1 de enero, durante un desayuno con periodistas con motivo de la Navidad.

El bajo crecimiento ha sido un talón de Aquiles durante el primer mandato de Rousseff, que comenzó en enero de 2011, después de que el año anterior la economía brasileña se expandiera un 7,5 %.

En 2011, el crecimiento fue del 2,7 %, cayó al 1,0 % en 2012 y llegó al 2,3 % en 2013, mientras que para este año los analistas del sector privado lo sitúan en un escaso 0,13 %.

Rousseff no adelantó cuáles serán esas "medidas drásticas", pero dio a entender que pasarán por tasas de interés elevadas y un ajuste fiscal aún no dimensionado. "Tendremos que tener un control mayor sobre el gasto y hacer algunas reformas", indicó la mandataria, sin ofrecer más detalles.

La prensa local conjetura que el ajuste puede suponer un recorte del gasto público de hasta unos 100.000 millones de reales (37.593 millones de dólares), pero la presidenta se negó a confirmar esa cifra que, aseguró, todavía está en estudio.

Rousseff también comentó el escándalo de corrupción destapado en la estatal Petrobras, la mayor empresa del país, y admitió que esas corruptelas le han dificultado el nombramiento de los miembros de su Gabinete de cara a su segundo mandato, debido a que se sospecha que muchos políticos de la base oficialista están implicados en el asunto.

En ese sentido, dijo que consultará a la Fiscalía, responsable por las investigaciones, sobre la eventual responsabilidad de algunos de los candidatos a ministro.

"Preguntaré si hay algo contra fulano que me impida designarlo", declaró Rousseff, quien reconoció que eso fue generado por una lista de 28 políticos supuestamente implicados divulgada por el diario O Estado de Sao Paulo, que incluye a algunos nombres que se barajan como posibles nuevos ministros.

Rousseff hasta ahora ha designado solamente a 4 de los 39 ministros que integrarán su nuevo equipo.

Se trata de los futuros titulares de Hacienda, Joaquim Levy; de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro, y de Planificación, Nelson Barbosa, y del presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, ratificado y que tiene estatus de ministro.

Sobre los 35 ministros que faltan, la presidenta aseguró que algunos serán designados esta semana y que "para el 29 de diciembre", aspira a tener concluida por completo la reforma de su Gabinete.

En relación a Petrobras, Rousseff volvió a defender a la actual presidenta de la empresa, Graça Foster, a quien ha decidido mantener en el cargo porque, según afirmó, "no existe una sola prueba" contra ella.

"No pretendo alterar la (cúpula) directiva de Petrobras. Alteraré el consejo de administración de Petrobras", dijo la mandataria.

Foster, además de otros actuales y ex directores de Petrobras, fue acusada por una ex gerente de la estatal de haber sido alertada sobre los millonarios desvíos en la empresa mucho antes de que la policía desmantelara la red de corrupción, en marzo pasado.

La ex gerente ejecutiva Venina Velosa da Fonseca dijo que no sólo advirtió a través de correos electrónicos a sus superiores sobre el esquema ilegal que actuó con la connivencia de ex directores de la estatal entre 2004 y 2012, sino que lo habló personalmente con Foster cuando ésta era la directora del sector de Gas y Energía de la estatal.

"Tiene que haber alguna prueba presentada sobre cualquier conducta de la presidenta de Petrobras, Graça Foster. Yo conozco a Graça, sé de la seriedad, de la franqueza de Graça. Creo que es importante saber cuál es la prueba que se presentó. Porque si yo digo 'yo te dije', ¿qué quiero? Tengo que probar que lo dije", dijo Rousseff.

Fonseca no presentó pruebas de haber hablado personalmente con Foster y con Costa sobre los desmanes, pero sí presentó decenas de correos electrónicos enviados por ella a sus superiores, en los que advertía sobre fraudes en licitaciones y contratos superfacturados.

Desde marzo hasta ahora, 39 personas fueron denunciadas penalmente por nexos con los fraudes y 28 políticos -26 de ellos oficialistas- fueron acusados por Costa como beneficiarios de los desvíos de fondos. Se estima que entre 2004 y 2012 fueron desviados unos 3.800 millones de dólares.