"Los militares ucranianos no van a parar por lo sucedido en el gobierno y en la Rada Suprema (Parlamento), y la operación para liquidar a los terroristas en el este de Ucrania va a continuar", advirtió el portavoz del Consejo, Andrei Lisenko.

Esto ocurrirá -insistió Lisenko- incluso si la Rada no aprueba la reforma fiscal para subir impuestos a la población y la privatización parcial de todos los gasoductos ucranianos, dos leyes claves para equilibrar las arcas estatales, según el gobierno y el presidente ucraniano, Petro Poroshenko.

Las declaraciones del vocero se producen un día después de que el ministro de Finanzas, Alexandr Shlopak, advirtió al presentar la reforma fiscal ante los legisladores que a partir del próximo 1 de agosto Kiev "no tendrá cómo pagar a los militares que combaten" en las rebeldes regiones de Donetsk y Lugansk.

"Existe un fondo de reserva que se nutre gracias a las autoridades y gracias a que los militares ucranianos usan de forma racional los recursos que les asigna el Estado", respondió Lisenko a la advertencia de Shlopak.

La nueva fase de la crisis ucraniana desatada ayer, primero por la salida de dos partidos de la coalición parlamentaria que sostení­a el gobierno y horas más tarde por la dimisión del primer ministro, está lejos de amainar los esfuerzos de Poroshenko en esa dirección.

La crisis institucional ucraniana coincide con duros combates entre las fuerzas ucranianas y los separatistas en el este del paí­s, donde al menos 17 civiles y 13 soldados muerieron en las últimas 24 horas.

Desde hace varios dí­as las tropas gubernamentales ucranianas intensificaron su ofensiva contra la posiciones de los sublevados, que se han replegado de varias localidades.