El presidente uruguayo, José Mujica, excluyó de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, el caso de un militante comunista muerto en prisión. Se trata de Álvaro Balbi, fallecido en 1975 en el centro clandestino de detención "300 Carlos" o "El Infierno Grande", ubicado en los fondos del Batallón de Infantería número 13 de Montevideo, cuyo cuerpo nunca apareció, informó la Presidencia.

Para habilitar la investigación, Mujica tuvo que anular una anterior del ex presidente Julio María Sanguinetti, que había amparado el caso en la Ley de Caducidad. La resolución del presidente se fundamenta en la sentencia del 24 de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referida a la desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman.

En ese fallo, la CIDH compele al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y para la identificación y, si procede, la sanción de los responsables".