Una marcha, convocada por el partido gobernante, la central obrera y organizaciones humanitarias de Uruguay, se realizará hoy a partir de las 18 en Montevideo en rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de los delitos de la última dictadura (1973-85).

La manifestación fue convocada por la coalición izquierdista gobernante Frente Amplio (FA) y cuenta con la adhesión de la central sindical PIT-CNT y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

La marcha será una protesta silenciosa, por la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009.

Si bien la decisión de la SCJ sólo se refiere al caso que involucra a quienes interpusieron el recurso, es opinión extendida entre juristas que propiciará el archivo de todas las causas relacionadas con aquella época.

Incluso se considera posible que quienes están encarcelados cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura puedan ser liberados como consecuencia de la resolución de la SCJ, advirtió Graciela Figueredo, abogada de ex militares y policías retirados.

Entre los rechazos que acumula este fallo se cuenta el de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien se declaró "sorprendida y preocupada" por la resolución de Corte uruguaya. "Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", dijo Pillay.

En paralelo a la manifestación, la corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ, a la que acusan de ser “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”.

El caso tiene lugar en un contexto de tensión entre el gobierno y sus aliados, por un lado, y la SCJ, por el otro.

También la semana pasada, el máximo tribunal declaró inconstitucional una ley impulsada por el oficialismo que pretendía evitar la concentración de la tierra en el país, y el 15 de este mes trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con la última dictadura.