Un joven de 22 años identificado como Maximiliano Pelayo, miembro de un pueblo originario, fue asesinado de dos balazos en la localidad de Fontana, situada a cinco kilómetros de la ciudad de Resistencia. La víctima vivía con su familia en una villa muy pobre habitada por familias de la comunidad qom. Allí, un patrullero irrumpió, presuntamente para disolver un disturbio entre jóvenes.

“A mi hijo, por lo que me contaron los vecinos, lo mataron como a un perro. Cuando fui a ver el cuerpo en la morgue, tenía un agujero así de grande en la espalda”, contó Cecilia Pelayo, la madre del muchacho, en una audiencia con funcionarios provinciales. Y agregó: “Vi que tenía las encías inflamadas, los dientes flojos, como si le hubieran golpeado mucho. Yo todavía no puedo creer que esté viviendo esto”, admitió.

A partir de la denuncia y de las protestas del pueblo originario, junto con varias organizaciones sociales, el gobierno provincial decidió intervenir la comisaría de Fontana. El ministro de Gobierno, Marcos Verbeek, recibió a familiares de Pelayo y a dirigentes sociales y ordenó la medida.

Por el homicidio fueron detenidos dos policías, un suboficial y un agente, por decisión de la fiscal Carmen Scarpin y pese a la versión oficial de un supuesto “enfrentamiento” durante un operativo por “desmanes provocados por unas 20 personas”, en el que no se aclaró si Pelayo estuvo en ese grupo. La fiscal secuestró las armas de los policías detenidos.

Testigos del crimen afirman que los efectivos llegaron y de inmediato se dedicaron a insultar y disparar contra un grupo en el que estaba Maximiliano. El joven salió corriendo y fue hallado a un par de cuadras, tirado en el piso. Tenía un balazo en la espalda y otro en un brazo. Murió antes de llegar al hospital. La fiscal Carmen Scarpin caratuló la causa como “supuesto homicidio”.