En la causa por la muerte de Kevin Molina, un niño de 9 años, por una bala perdida que ingresó a su casa de la villa Zavaleta, el fiscal Adrián Giménez, del Juzgado Correccional 14, imputó a siete gendarmes por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La medida fue definida tras analizar el cruce de los llamados de los vecinos al 911 para denunciar un tiroteo entre dos bandas que terminó con el asesinato del niño.
 
“No efectuaron una debida verificación de la zona en su rol de prevención”, señaló el fiscal en su resolución. Los llamados de auxilio eran “coincidentes (en las descripciones) y provenían desde distintos números telefónicos”, consigna la resolución. Según las pericias, en la zona de la Plaza Kevin, el día que murió el nene hubo más de 105 disparos de Uzi y FAL, en un tiroteo que duró más de tres horas y media, a 50 metros de una casilla de Prefectura Naval y a 100 de una garita de Gendarmería Nacional, en la villa Zavaleta, recordó por Continental Luciano Ortiz Almonacid, abogado de la familia.
 
“La mayoría de los disparos impactaron en el frente de la casa de Roxana, madre de Kevin, que intentaba proteger a su familia de la salvaje balacera, mientras su hijo de 9 años se acurrucaba debajo de una mesa, temblando del miedo”, relató. Los imputados son el oficial principal Daniel Stofd, el cabo segundo Walter Quiñones, el cabo primero Miguel Medina, el ayudante principal Darío Chique, el ayudante de tercera Fabián Salas, el cabo segundo Enzo Miño y el cabo segundo Raúl Gómez.