Para los jueces la adjudicación de las obras se tomó en el marco de una “decisión política” regida por la necesidad de ampliar el suministro de gas antes del invierno de 2005, sostuvieron, al descartar que haya habido “sobreprecios”.

“El eje del reproche del Dr. Oyarbide es la decisión politica de realizar la ampliación de los gasoductos norte y sur antes del invierno del año 2005”, agregaron los camaristas de la sala I del tribunal de apelaciones.

Y entendieron que “la subestimación del factor tiempo, a pesar de reconocer que una y otra vez fue invocado en los expedientes del Enargas, es consecuencia de haber entendido que era preferible no hacer las obras en lugar de asumir la elevada demanda económica de los contratistas. Justamente allí recae su principal error”.

Cameron había sido indagado por Oyarbide sin que se resolviera su situación procesal, pero igualmente fue sobreseído de “manera extensiva” al igual que Madaro, y los funcionarios de las transportadoras de gas que sí estaban procesados porque los hechos que se les atribuyeron “no encuadran en una figura legal”.

Si esto queda firme, ya que es apelable ante la Cámara Nacional de Casación, ninguno podrá volver a ser investigado en el caso.

“A casi cinco años de investigación y descartada la hipótesis de defraudación, el cuándo, dónde, cómo, cuándo, quién, a quién y el por qué del supuesto cohecho se revelan como preguntas vacías, huérfanas de toda base material, es decir de cualquier referencia objetiva”, adviritieron los camaristas.