Imputaron a un policía por el asesinato de un adolescente
Además, fueron liberados los otros diez policías demorados por el hecho. Organismos de derechos humanos repudiaron el hecho, que consideran "no un error individual de un policía, sino el efecto de la política de seguridad de De la Sota", por lo que reclamaron "la remoción de la cúpula policial".
Un policía fue detenido anoche acusado de asesinar de un balazo por la espalda a Salvador Sarandón, un adolescente de 16 años, en un allanamiento efectuado en la madrugada de ayer en la localidad cordobesa de Laboulaye.
El fiscal Enrique Berger, quien está al frente de la investigación, ordenó al mismo tiempo la libertad de 10 de los 11 policías demorados en el hecho, y resolvió que uno de ellos permanezca detenido como sospechoso de efectuar el disparo contra el chico. El acusado quedó detenido imputado por el delito de "homicidio calificado".
De acuerdo a los datos de la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada de ayer, en una vivienda de barrio Mataderos, cuando efectivos de la Departamental Roque Sáenz Peña realizaban un allanamiento vinculado a la investigación de un robo.
En esa instancia, la policía que realizaban el traslado a la dependencia policial de las personas detenidas habría salido corriendo del interior de la casa, aparentemente asustado, y recibió de un balazo por la espalda que le provocó la muerte horas después en un centro de salud cercano.
Organismos de derechos humanos manifestaron su repudio al hecho, expresaron su solidaridad con la familia Sarandón y reclamaron la destitución de la cúpula policial.
Ante este hecho, las agrupaciones Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio -Regional Río Cuarto- y la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto expresaron que la situación no los sorprende porque “el asesinato de un joven en un operativo policial es un desenlace predecible dada la brutalidad, negligencia e impunidad con la que se llevan a cabo diariamente estos procedimientos en el territorio provincial”.
“Estos operativos no se ajustan a un marco legal y por ello vulneran ampliamente los derechos de las personas. No hay que entenderlo como un error de un agente en particular, sino que es producto del nefasto modelo de seguridad que propugna el gobernador De la Sota”, afirmaron en un comunicado.