La justicia de Córdoba pospuso la realización del cotejo de ADN entre un niño y la familia de Marita Verón que permitirá definir si es hijo de la joven desaparecida en el año 2002, lo que "vulnera los derechos del chico", dijo a Télam uno de los abogados de Susana Trimarco, madre de la muchacha secuestrada por una red de trata.

La decisión fue de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba integrada por los jueces Ignacio María Vélez Funes y José Vicente Muscará que "por prudencia y razonabilidad" resolvieron "suspender todos los actos periciales y\o procesales vinculados directa o indirectamente a la realización del cotejo de ADN ordenado por el Juez Federal 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes".

No obstante "en atención a la urgencia y la trascendencia de los hechos" el tribunal dispuso una audiencia para el 19 de agosto donde escuchará los argumentos de la defensora María Mercedes Crespi que había apelado la decisión de Freytes por considerarla "prematura e infundada", ya que hasta el momento "no hay pruebas firmes" sobre la presunta vinculación del niño con Marita.

José D`Antona, abogado de Trimarco, lamentó en diálogo con Télam que Crespi "a quien conozco y respeto, no interprete que, sea o no nieto de Susana, el niño tiene derecho a conocer su identidad, en el marco de una investigación judicial donde se investiga un posible delito".

Esa investigación está a cargo del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano que indaga sobre la posibilidad de la supresión o cambio de identidad del chico "más allá de que la ciencia aclare luego si se trata o no de mi nieto, lo cual sólo se puede determinar por el cotejo de ADN ordenado por el juez Freytes", señaló en un comunicado la madre de Marita.

Crespi señaló en su apelación que "no se opone a buscar si existe un vínculo, pero hay que hacer una investigación previa", a lo que D`Antona aportó que la investigación "la iniciamos hace meses; incluso en el 2003, en un allanamiento donde se rescataron dos niños, a Susana le dijeron que su hija había tenido un bebé en cautiverio y lo mismo se dijo en el juicio en 2012" que terminó con la condena de 10 personas por el secuestro y desaparición de la joven tucumana.

El abogado enfatizó además que, cuando fue secuestrada, Marita estaba en una maternidad para colocarse un dispositivo intrauterino (Diu), es decir un método anticonceptivo, por lo que "no estaba embarazada al momento de su rapto".

La causa para identificar al niño se inició cuando los servicios sociales del municipio de Alta Gracia intervino en una casa donde vivía una mujer alcohólica y adicta a las drogas, que habría estado en situación de prostitución por personas condenadas en la causa de Marita, que vivía con cuatro chicos, en condiciones de vulnerabilidad.

D`Antona resaltó que "posponer el examen viola, primero, los derechos del niño, usando un vericueto procesal y los de Susana y su nieta Micaela", hija de Marita.

Trimarco "rogó" a los medios de comunicación que "informen correctamente a la sociedad esta situación" y que "no olviden que es un tema muy delicado, que implica preservar -como hice hasta que se filtró la noticia- no sólo al menor en cuestión, sino también a mi nieta Sol Micaela, a la cual todo esto le repercute junto con el calvario que venimos viviendo desde el 3 de Abril de 2002, día en que me arrancaron a mi hija Marita Verón".