La Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó hoy el recurso de apelación presentado por los abogados del ex prefecto del seminario de Paraná, presbítero Justo Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos de 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992.

La decisión de los jueces Rubén Chaia, Elisa Zilli y Elvio Garzón, puso punto final al pedido de prescripción de la causa y permite que la justicia local inicie la investigación por los abusos cometidos por el sacerdote.

El caso de las violaciones ocurridas en el Seminario de Paraná se conoció en 2012 por una denuncia periodística, que reveló que la investigación interna que se le hizo al cura nunca fue elevada al Vaticano ni puesta en conocimiento de la justicia ordinaria.

A raíz de ese ocultamiento, en la causa están citados a declarar los tres últimos arzobispos de la capital entrerriana: Estanislao Karlic, Luis Maulión y Juan Puiggari.

La causa está caratulada como “Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción de menores agravada”, y es impulsada por el procurador general de la provincia, Jorge García, quien le pidió a los defensores del cura que " dejen de comportarse como la parte más negra de la Iglesia Católica”.

El funcionario le dijo a los abogados Jorge Muñoz y Juan Ángel Fornerón, defensores del cura, que “no queremos que Argentina vuelva a ser sancionada por tribunales internacionales”.

En la causa ya declararon siete ex seminaristas que dijeron haber sido abusados por el religioso mientras se encontraban cursando sus estudios en el seminario de Paraná.

Recientemente, las víctimas de las violaciones difundieron una carta en la que reconocieron que "muchos son los afectados que en el silencio de sus reclamos, sean miedos propios o miedos a semejantes, quieren y hacen fuerza para desenmascarar a esta criatura humana, corrompedora de almas de gente humilde, creyente, trabajadora".

En junio último, la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná no hizo lugar al pedido de prescripción de la causa que se sigue contra Ilarraz, en consonancia con lo resuelto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) que en noviembre del año pasado había anulado la prescripcón de la causa, decidida por los camaristas Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y Elbio Garzón.

Ilarraz está imputado de corrupción agravada, debido a que tenía a su cargo a los seminaristas abusados, un delito que tiene una pena máxima de quince años de prisión.

Debido a que los hechos denunciados datan de los años `80 y `90, la defensa del cura argumentó que la acción penal había prescripto antes de comenzar la investigación.

En setiembre del año pasado, uno de los abogados querellantes en la causa confirmó que decidió abandonar el caso luego de sufrir un atentado con artefactos explosivos en su vivienda.

Milton Urrutia, un abogado que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso y que tuvo que abandonar la vocación porque le "arruinaron la vida", tomó la decisión luego de que explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa.

El abogado, que representaba a varios ex seminaristas que reconocieron ante el juez de Instrucción de Paraná, Alejandro Grippo, haber sido abusados por el cura, responsabilizó del atentado a “un grupo organizado de cuasi terroristas”.

Paralelamente, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra el cura Ilarraz quien, hasta que estalló el escándalo de los abusos en setiembre del año pasado, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros.

La causa contra el cura Ilarraz está caratulada como Promoción a la Corrupción de Menores Agravada y fue impulsada de oficio por la Procuración General de la Provincia, debido a que la iglesia mantuvo siempre en secreto lo sucedido y nunca denunció los abusos ante la justicia entrerriana.