La Asesoría de Menores e Incapaces de Salta y las abogadas de la niña de 14 años, embarazada producto de una violación, apelaron hoy la decisión del juez de Familia, Víctor Soria, quien impidió a la adolescente acceder al derecho a un aborto no punible.

"Apelamos la resolución del juez y lo mismo hizo el asesor de Menores José Pereyra", confirmó a Télam Mónica Menini, una de las defensoras de la adolescente e integrante de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres.

El magistrado ordenó suspender el aborto no punible de la niña de 14 años, violada y golpeada desde los 12 años por su padrastro, y dispuso, mediante medida cautelar, que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto para luego dar su hijo en adopción.

Tanto la joven como su madre decidieron suspender el embarazo, por lo que el Hospital Materno Infantil de Salta programó la práctica para el 19 de noviembre.
Sin embargo, la Asesora de Menores e Incapaces Nº 2 de la provincia de Salta, Claudia Flores Larsen, presentó un recurso de amparo a favor del niño por nacer lo que provocó la dilatación de la práctica.

Ante esta situación, distintas organizaciones solicitaron "el juicio político" de Soria y Larsen por incumplir convenciones internacionales, leyes nacionales y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 13 de marzo de 2012, confirmó que no se debe judicializar el aborto cuando existe una violación.

El documento está firmado por la Multisectorial de Mujeres de Salta, con la adhesión de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la red periodística PAR y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, entre otros colectivos.
Las entidades solicitaron también que los ministerios de Salud y de Derechos Humanos de la provincia "investiguen" y "apliquen sanciones" si se determina que se incumplieron procedimientos estipulados por el protocolo de actuación en estos casos.
"Esto es inconstitucional, por eso estamos haciendo todo el proceso legal para que se revise el protocolo provincial", aseguró Menini.

En el mismo sentido se pronunció la Multisectorial que solicitó que la Legislatura vote una nueva guía de procedimiento "ya que con sus burocráticos procedimientos, la actual, lo único que permite es dilatar y obstruir el ejercicio del derecho a interrumpir un embarazo en los casos en que tal práctica no se encuentra penalizada".