Un hombre condenado por homicidio que cumplía su pena en la cárcel de Devoto, donde trabajaba en un taller, fue trasladado a Ezeiza, donde le asignaron otra tarea con un nuevo horario, y se consideró despedido, por lo cual reclama una indemnización de $ 60.000.

El preso se aferró a la ley de contrato de trabajo, que indica que si hay un cambio en las condiciones laborales, uno puede considerarse despedido y pedir la correspondiente indemnización.

El titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Francisco Mugnolo, explicó en LA VUELTA por qué se dio esta situación. "Hay distintos casos que han salido consecuencia de un fallo de la Cámara Penal que dice que si no se aprueba un reglamento de trabajo especifico para la cárcel, se aplica, mientras tanto, la ley de contrato de trabajo", sostuvo.

"Algunos presos empiezan a decir: «Bueno, si lo que está vigente entonces es la ley de contrato de trabajo, yo me atengo a lo que dice la ley y empiezo a pedir los derechos laborales que son genéricos para todo el mundo: retroactividad, vacaciones, etc.». Se imagina todas las implicancias que eso trae de pedidos", señaló Mugnolo.

En diálogo con CONTINENTAL, el procurador planteó: "Naturalmente, lo que ocurre es que esta medida de aplicación del derecho laboral tal cual como se aplica a todo el mundo resulta complejo con el tema del trabajo en la cárcel".