El presidente de la empresa Vicentín, Omar Scarel, y otros directivos, fueron detenidos hoy por la justicia penal de Rosario por una presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas por la justicia.  A través de un comunicado, la empresa calificó la detención de "injustificada, arbitraria y desmedida".

"El motivo de la detención es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas" dijeron desde la sociedad. 

La declaración agrega una duda al accionar de la Justicia dado a que la medida se dió días después de que el gobierno interviniera la compañía. "Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido".

La presentación concluyó diciendo que "no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder".

El jueves se oficializó la intervención por 60 días del grupo Vincentín. Ahora el presidente peleará en el Congreso la expropiación de la firma. Actualmente la deuda total de Vicentin es de USD 1.350 millones, de los cuales USD 1.000 millones corresponde a bancos, entre ello el Banco Nación.