El presidente Alberto Fernández, Martin Guzmán, Aníbal Fernández y Juan Manzur, enviaron un proyecto de ley al Congreso que busca crear la Unidad de Información Financiera (UIF) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.

Lo novedoso de la iniciativa es que introduce modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del lavado de activos (LA), de la financiación del terrorismo (FT) y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Y un dato que no es menor, es el que eleva todas las penas vinculadas a estos delitos.

El proyecto, que busca modificar el organismo que tiene a su cargo prevenir y combatir el lavado de activos, que ingresó por la Cámara de Diputados, se basó en estrategias regionales y se nutrió de instrumentos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que tiene por delante este año una revisión del rendimiento de la UIF.

Otra novedad es que se tienen en cuentas las actividades en criptomonedas. “Se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero (Instituciones Financieras), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional”, explica la iniciativa.

“Los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra LA/FT/FP”, señala la norma y asegura que ya en 2014 el GAFI emitió documentos relativos a los “riesgos que implica su uso, siendo uno de los más significativos el anonimato ya que impide la trazabilidad nominativa de las operaciones”.