En ese marco, Domínguez aseguró que la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial “es una propuesta que trabajó el sector privado, en acuerdo con el público” y que “está convencido que es el mejor instrumento para asumir un proceso de promoción de nuevas inversiones, de industrialización de la ruralidad y de generación de empleo para dar respuesta al principal interrogante que reclama el productor: reglas de previsibilidad”.

“El mejor mensaje que puede recibir hoy la Argentina, los productores y la industria del sector, es que construyamos consensos básicos y promociones para quienes decidan invertir en la Argentina”, sostuvo.

El ministro explicó que la Ley prevé un plazo de 5 años, prorrogables 5 años más, y consideró que “un escenario de una década construye la previsibilidad que el productor y los empresarios argentinos demandan”.

A su vez, el funcionario detalló los objetivos de la medida: aumento de exportación, aumento de volumen, aumento de empleo, aumento y mejora de la capacidad productiva y la infraestructura.

“Esta ley tiene todos los instrumentos necesarios para que, en un debate diverso, se pueda generar la carta de navegación para la década en uno de los sectores importantes y con mejores capacidades que tiene Argentina”, resumió.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy consideró que el sector agroindustrial tiene “un inmenso potencial” e indicó que “probablemente su productividad sea tres veces la de otros sectores de la economía, en términos que genera divisas externas a un costo que es prácticamente un tercio de otros sectores”, pero reclamó que “sufre una tremenda discriminación” en términos impositivos, de cupos y de tipo de cambio.