El presidente Alberto Fernández decidió que cumplirá la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena restituirle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Si bien dijo que lo hará con bonos y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta indicó que no aceptará ese modo de pago, el tema central es el tremendo recule que pegó Alberto.

Primero, con la bravuconada de no pagar, se generó una serie de denuncias y acusaciónes de desobediencia y falta de respeto al orden institucional, de la oposición, de los constitucionalistas y de buena parte de la sociedad. Además, la jugada influyó en la suba del dólar paralelo y provocó el rechazo de los inversionistas, por ejemplo, norteamericanos.

Su radical cambio de postura mantuvo todos esos rechazos, pero le sumó un fuerte malestar interno, de parte del kirchnerismo por un lado, pero también, y especialmente, de todos los gobernadores peronistas que lo respaldaron en la decisión, y ahora quedaron pedaleando en el aire.

Los vaivenes del presidente no solo lo exponen al permanente ridículo, sino que espantan a los eventuales aliados que quedan, como le dijo un gobernador en estricto off a Contienental, “quedamos colgados del pincel”.

Después de decir que el presente era “un fallo de imposible cumplimiento” y que iba a instruir al Procurador del Tesoro para que recuse al tribunal y plantee un recurso “in extremis”, ahora declaró, con solo cuatro días de por medio que: "Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución del CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”. Mira vos.

Estos dos presidente que con días de diferencia se contradicen y contraponen uno al otro, generan una fuerte confusión dentro de la propia estructura del gobierno. Pague o no pague, pero tome una decisón buen hombre, por favor.