Un 26 de junio de hace 20 años, durante una movilización de agrupaciones sociales desde el conurbano a la Ciudad de Buenos Aires, la policía bonaerense, intentando evitar que los manifestantes cruzaran el Puente Pueyrredón, ejecutaron una represión feroz, que concluyó en la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Kosteki fue asesinado cobardemanete, por la espalda, cuando escapaba de la represión y Santillán fue fusilado a sangre fría cuando intentaba, solamente, asistir a su compañero herido, este último, por el propio jefe del operativo, el criminal comisario Alfredo Franchiotti.

Todavía, quien tenga el estómago de googlear las imágenes del momento, puede encontrar fotografías de policías posando al lado de los cuerpos recientemente asesinados, sonriendo por su logro homicida.

Es cierto, las condenas penales sobre los autores materiales llegaron. Todos ellos se encuentran cumpliendo, todavía, prisión. Pero ¿es posible semejante represión sin orden o al menos complacencia política?

¿Recibieron los policías órdenes de ejecución? ¿Con quien se comunicó Franchiotti telefónicamente ese día? ¿Hasta donde trepa la cadena de responsabilidades? ¿Hubo encubrimiento, al menos?

No se supo ni se sabrá. La prescripción esta muy cerca de ocurrir (25 años) y si en dos décadas nada se investigó, eso nunca pasará. Los posibles responsables políticos están dentro del margen de la prisión domiciliaria, en todo caso.

Siempre es poco viable un país sin justicia. La movilización social callejera que imperaba por esos días, fue producto de la crisis y posterior caída del gobierno de Fernando De la Rúa, pero esa caída, estuvo incentivada desde cierto peronismo que por entonces, controlaba la Provincia de Buenos Aires, y que sacó a la militancia a la calle para darle final abrupto a un gobierno constitucional.

Y que luego pretendió, que la gente movilizada volviese a sus casas, solo por un cambio de gobierno, cuando la situación social seguía siendo dramática. 

Los homicidios de Kosteki y Santillán, bien pudieron haber tenido el fin intimidatorio de conseguir que las personas marginadas del sistema, no siguieran movilizándose para no perder la vida.

El presidente de entonces, Eduardo Duhalde, y sus funcionarios relacionados con la seguridad, y el gobernador Felipe Sola, que fue quien personalmente ordenó la represión, no tuvieron dificultades para continuar con su vida. Sola, fue premiado por Alberto Fernández con el cargo de Canciller recientemente, en la primera parte de su mandato.

A consecuencia de esa represión, Duhalde debió adelantar las elecciones y dejó su mandato antes de tiempo, castigo kármico y desmentida histórica de que los peronistas siempre terminan sus mandatos.

Néstor Kirchner tuvo a bien ganar la elección y luego impidió que Sola fuera por la relección en territorio bonaerense. Castigo político que es bienvenido. Pero la Justicia no avanzó jamás, contra los responsables, otra grave deuda del Poder Judicial para con toda la sociedad.