Debido a una denuncia que presentó el Ministerio de Educación y la Procuración General, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar la toma de los distintos colegios porteños realizada a lo largo de esta semana. A partir de esto, la Policía de la ciudad se acercó a las familias de los alumnos protestantes para notificarlos del inicio del expediente por violación al artículo 60 del Código Contravencional.

El artículo en cuestión trata sobre “Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión” y establece que “quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos”.

La toma de colegios generó que se aplique el protocolo de tomas que elaboró el Ministerio de Educación de la ciudad, a cargo de Soledad Acuña. Este establece que los padres de los alumnos deben ser informados para que retiren a sus hijos de las escuelas. Y si los padres aprobaran la presencia de los menores en las instituciones, se iniciaría una causa judicial.

El Consejo Directivo del colegio Carlos Pellegrini, tomado desde ayer a la noche, manifestó un comunicado: “Queridas Familias, les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos”.

A raíz de esta situación, el gobierno porteño hizo seis denuncias. La causa está a cargo de la fiscal María Laura Presedo, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, y su primer movimiento fue que los padres sean notificados del inicio del expediente en sus domicilios. Ese trámite fue realizado por la Policía de la Ciudad.

El movimiento policial fue criticado por algunos. “La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas”, compartió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su cuenta de Twitter.

La Justicia también dispuso otra medida: que la Policía se haga presente en las escuelas para que informe el estado de situación de la toma, que declaren testigos y que se incorporen al expediente toda la información que puedan suministrar las autoridades de los colegios.