Las deficiencias en el pavimento de la Autopista Buenos Aires-La Plata y los incumplimientos en las obras proyectadas provocaron una catarata de reclamos administrativos y un fallo de la Justicia Federal contra Coviares, la empresa concesionaria del servicio, en el que le ordenó dar marcha atrás con los aumentos de las tarifas, tras un pedido de concejales kirchneristas de La Plata, cuyo Concejo Deliberante protestó formalmente por el "desastrozo estado de la cinta asfáltica2.

A su vez, la Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó dos pedidos de informe al Occovi (el organismo que controla las rutas nacionales concesionadas). Exige que el ente intime a la compañía a “arreglar en forma urgente los innumerables baches que se observan en todo el recorrido de la autovía”, así como “las luminarias rotas que dificultan la seguridad de los usuarios”, consignó por Continental el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto.


Además, la Defensoría quiere saber si Coviares presentó el plan de obras que solicitó la justicia Federal de Quilmes cuando suspendió –hace tres meses– el aumento en las tarifas del peaje. Y requirió precisiones sobre la construcción de la bajada en el kilómetro 42,2 (en Villa Elisa), añadió Bonicatto en Magdalena Tempranísimo.