La protesta de los estudiantes secundarios por reclamos presupuestarios y mejores condiciones edilicias continúa en el ojo de la tormenta, desde el punto de vista de la “funcionalidad” de la medida.

Liliana García tiene una hija estudiando en el Colegio Mariano Acosta, institución que permaneció dos semanas tomada por los alumnos. “Más que la toma, estoy de acuerdo con los reclamos. Si esa medida no hubiera sido útil no estaríamos hablando”, comenzó.

“Mientras la protesta se centró en marchas, pedidos u otro tipo de actividades no se visualizó”, remarcó la madre.

Por su parte, Mabel Ordaz, quien tiene dos hijas en el Normal 6, consideró que este tipo de medida “no es un derecho constitucional, ellos son menores de edad. Los padres debemos estar detrás de ese comportamiento para hacerles entender que la toma de un establecimiento educativo público no puede dejar afuera a la gran mayoría que quiere estudiar”.

Para Liliana, “el derecho a estudiar tiene que estar garantizado por los adultos que no se ocuparon”.

Mabel explicó, en tanto, que “la realidad de los colegios son muy distintos. La condición del Mariano Acosta es muy particular. Este no es el caso del colegio de mis hijas –Normal 6-. La toma la hicieron menores de edad, esto es terrible”.

Liliana explicó que dentro del Acosta “la decisión de tomar la escuela se decidió en asamblea donde participaron alumnos y también autoridades del colegio”.