El obispo de Merlo-Moreno e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, monseñor Fernando Maletti, formuló por Continental una nueva advertencia sobre la “inejecución” de la ley 26.160, que prevé el relevamiento territorial de los pueblos originarios.
 
En Magdalena Tempranísimo, protestó por “la brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”. Fue a raíz de la presentación de un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), junto a Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen

“Se gastó el 75 por ciento del presupuesto dispuesto por ley ($60 millones) pero sólo se ha relevado un 12,48%, mientras en las provincias más conflictivas como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, tan solo el 4% de los territorios”, graficó.

Recordó que “en noviembre expira la reglamentación en este sentido, que también frena el desalojo de las comunidades” y subrayó que esto genera “perplejidad, dolor e interrogantes” entre quienes acompañan a los pueblos originarios, admitió. Maletti rememoró en este sentido el documento de 2006 “Una tierra para todos”, en el que la Iglesia católica reclamaba “políticas de Estado para evitar el creciente proceso de extranjerización” de tierras productivas.

Exigió también “una legislación que frene la expulsión de aborígenes y productores rurales de sus lugares de origen”, ante la pasividad, cuanto menos, de las autoridades provinciales y judiciales.