La jerarquía de la Iglesia católica reclamó un diálogo “sincero” sobre la minería. Mediante un documento, exigieron que, “junto a la producción petrolera y agroindustrial, se convierta en una política de Estado”.

Los obispos de la región NOA enfatizan que, “ante esta clase de inversiones”, el Estado debe “asegurar desde el principio la información completa, la consulta y la participación de las comunidades afectadas por dichas inversiones, y supervisar las investigaciones preliminares, las exploraciones, la equidad en los acuerdos y la salubridad de los procesos de extracción”.

En ese sentido, criticaron implícitamente el papel de la Nación y las provincias.

Además, reclamaron “garantizar una provechosa participación de los pueblos en la distribución de beneficios y la transparencia económica” de esos emprendimientos mineros.