Se prorrogó por otros tres meses la medida cautelar que ya había frenado la mudanza de la estatua de Cristóbal Colón al lugar que, según el Gobierno, se le destinó al construirla: Mar del Plata. La presidenta Cristina Fernández quiere emplazar en el sitio, detrás de la Casa Rosada, otro monumento en homenaje a la comunidad boliviana en la persona de Juana Azurduy, algo a lo que se oponen el Gobierno porteño y ONGs de defensa de las edificaciones porteñas.

La actual cautelar vencía el 12 de este mes y, si no era renovada, el Gobierno nacional iba a tener vía libre para llevar la estatua a Mar del Plata.

El fallo fue dictado por la jueza subrogante María Cristina Carrión de Lorenzo, que extendió por tres meses más “y/o hasta que se decida la cuestión de fondo”, la resolución del 12 de Junio de 2013. Esa medida prohíbe al Ejecutivo “concretar cualquier acto que implique el traslado del monumento” y ordena que cualquier intervención sobre éste se realice en concurrencia con el Gobierno porteño, destacó por Continental María del Carmen Uzandivaras, presidenta de Basta de Demoler.

La cuestión de fondo es si el monumento está bajo la órbita de la Ciudad o de la Nación y cuál de las dos jurisdicciones puede definir su destino. La semana pasada la Legislatura porteña aprobó una ley que lo protege como “bien integrante del patrimonio de la Ciudad”, pero no está claro si una ley posterior puede anular la disposición legal original, que legaba el monumento a Mar del Plata hace casi un siglo.

“No hay ninguna duda respecto de la propiedad del monumento a Colón: está inventariado en la Dirección de Paseos y en el Departamento de Monumentos y Obras de Arte de la Ciudad desde 1926. Estamos contentos con esta prórroga, porque le da más tiempo a la Justicia para estudiar la situación”, argumentó Usandivaras en Magdalena Tempranísimo.

También denunció que “la estatua sigue tirada sobre una tarima en la Plaza Colón”, que “nunca hicieron nada para restaurarla. La sacaron y la dejaron ahí”, y que “el Gobierno nacional nunca le dio concurrencia al Gobierno de la Ciudad, como ordenó la Justicia”.