Este lunes, paran los trabajadores judiciales bonaerenses. Es por un reclamo salarial que ya lleva más de un mes y medio, y por la reimplantación del Sistema de Porcentualidad Salarial. Tan áspero es el conflicto que, desde hoy, por orden judicial, la Policía de la provincia de Buenos Aires "se deberá apostar en los Tribunales para garantizar el servicio de justicia".

Por Continental, Daniel Pérez Guillén, secretario adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense y secretario adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires, advirtió que Scioli “será penalmente responsable de cualquier hecho de violencia institucional”.

En Magdalena Tempranísimo, advirtió que el sindicato “hará política y penalmente responsables al gobernador Scioli, al ministro Casal, al titular de la Corte, Eduardo de Lázzari, y a la jueza Ermili, de cualquier hecho de violencia contra trabajadores o que no les permita a estos ejercer sus derechos, derivado de presencia policial” en los tribunales; presencia eventual a la que definió como “un hecho de violencia institucional”.

“Hace seis años que se plantearon los reclamos de fondo del sector y nunca recibimos una respuesta concreta”, alertó. Además, desmintió que las demoras en los tribunales se deban a la medida de fuerza. “Es por la falta de presupuesto y personal”.

En tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo De Lázzari, pidió al gremio levantar el paro como condición sine qua non para mediar ante el Poder Ejecutivo provincial.

El paro en los tribunales comenzó hace más de un mes convocado por la Asociación Judicial Bonaerense y que se profundizó luego de que el Poder Ejecutivo dictara un decreto para pagar el aumento salarial que era rechazado por el sindicato, que agrupa a unos veinte mil trabajadores. Esa mejora es escalonada y contempla un incremento del 21% para los jueces y va del 24 al 26% para el resto de las categorías.

Los judiciales rechazaron la mejora por considerar que no se enmarca en la recuperación de la porcentualidad salarial, que engancha los sueldos de los empleados con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte. La Provincia rechazó la firma de un acuerdo para ir restituyendo en forma paulatina la porcentual, por considerar que no está en condiciones de erogar los cerca de 2.500 millones de pesos que implicaría atender esa demanda.