La corte de Toulon, en el sur de Francia, entendió que la empresa alemana de control y certificación TUV Rheinland no cumplió con “sus obligaciones de inspección y vigilancia” y ahora deberá indemnizar a los distribuidores y a las mujeres afectadas. Aunque las mujeres pedían 16.000 euros de compensación por cada afectada, la sentencia ordenó compensar a cada una con una indemnización de 3.000 euros, el dinero que suponen que necesitan para pagar la cirugía con la que se sacarán los implantes defectuosos.

La certificadora anunció que apelará la sentencia porque su papel es detectar “errores no intencionados” en los fabricantes pero no “fraude intencionado”, que es de lo que se acusa a la empresa Poly Implant Prothese (PIP).

“Esta decisión abre una esperanza para todas las portadoras de implantes PIP”, dijo por Radio Continental la abogada Virginia Luna, víctima argentina que en esta instancia será indemnizada.

“Es un paso fundamental porque esto abre la posibilidad de que las mujeres afectadas en nuestro país puedan recibir una indemnización en los mismos términos el 10 de diciembre”, sostuvo.